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Tanto Juan Luis Aróstegui como Emilio Carreira hicieron
alusión a que el Plan de Publicidad Institucional “ha sido y
es cuestionado”. Ambos se estaban refiriendo al informe
jurídico elaborado por la asesoría jurídica de CEALFE S.L.,
empresa editora de “El Pueblo”, que denuncia que los
criterios de ejecución de las campañas institucionales de
publicidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, aprobados por el
Consejo de Gobierno el pasado mes de julio, no constituyen
más que un nuevo intento por parte del Ejecutivo de Vivas de
discriminar a ‘El Pueblo’, crítico con su gestión, y
favorecer así al otro periódico de la ciudad, ‘El Faro’, más
afin al presidente Vivas.
Con ese objetivo, para acreditar la solvencia técnica y
penetración de cada medio en el mercado local, el Consejo de
Gobierno aprobó el sometimiento de los diarios editados en
Ceuta a un solo y excluyente método de control, privando al
resto de empresas del sector la posibilidad de participar en
la auditoria de los medios participes de la distribución de
la Publicidad Institucional en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Esta decisión del Consejo de Gobierno vulnera el principio
de igualdad y libre concurrencia de ‘licitadores’, ya que
sólo uno de los dos posibles ’licitadores’ es miembro de
dicho organismo privado, hecho perfectamente conocido tanto
por el Gobierno de la Ciudad como por parte del Gabinete de
Comunicación. En ninguno momento se está dando un
tratamiento igualitario a todos los ‘licitadores’, ya que se
pretende tomar como referencia que acredite la solvencia los
datos de una oficina privada, de naturaleza asociativa, cuyo
miembro es solo uno de los hipotéticos ‘licitadores’, ‘El
Faro’.
En este punto, resulta cuanto menos extraño que los técnicos
pertenecientes del área de comunicación de la Ciudad
Autónoma, que son los que elaboran el informe para su
aprobación por parte del Consejo de Gobierno, hayan variado
de criterio para la acreditación y determinación del control
y penetración de la prensa escrita, ya que en su informe de
fecha 28 de febrero de 2013 afirman, en el apartado núm. 5,
que: “Con el fin de que ser un medio asociado a OJD no se
convierta en un requisito sine qua non para concurrir al
contrato, los licitadores podrán acreditar la difusión por
otra entidad…”.
En cambio en esta ocasión imponen la participación de la OJD
como única auditoría válida para la Administración Autónoma,
para llevar a cabo el control de la verificación y
justificación de la difusión, cercenando palmariamente el
derecho que tienen el resto de las empresas auditoras de
participar en el control de la difusión de los medios de
comunicación local, concretamente en la prensa escrita.
La realidad es que el hecho de que no se posibilite
acreditar la difusión del medio escrito por otros medios
ajenos a la OJD no es sino una barrera insalvable para la
participación en el reparto de la publicidad Institucional,
con vulneración expresa del contenido del artículo 1 TRLCSP
al no garantizarse los principios de libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, así como la no discriminación e igualdad de
trato entre los candidatos.
Así, destaca de forma sospechosa la injustificada
preponderancia dada por el Consejo de Gobierno a la Oficina
de Justificación de la Difusión (OJD), desechando, sin
motivación alguna, el criterio de control de otras
auditorias de reconocida solvencia existentes en el mercado.
El hecho es que el Gobierno de Vivas, sin causa alguna que
lo justifique, apuesta claramente por la transparencia, no
reconocida por todos, de la OJD, siendo curioso que uno solo
de los diarios escritos de la Ciudad, ‘El Faro’, esté
adscrito al sistema de control de dicha Oficina,
coincidiendo la referida clara ventaja con la frase suscrita
recientemente por Juan Luis Aróstegui, catalogándolo como
“El Diario de la Ciudad”.
Y todo ello, cuando son conocidas las contantes disputas
mantenidas entre los distintos diarios escritos de nuestro
país en relación con los múltiples y variados sistemas de
medición empleados, utilizando cada uno de estos sistemas
determinados elementos que le sirven de base para el aumento
de la penetración y difusión en el mercado, entrando en
juego las “trampillas” que se pueden hacer para subir la
difusión de la OJD y que Rafa Montero, editor de ‘El Faro,’
conoce a la perfección.
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Criterios de ejecución de las campañas
institucionales de publicidad de la Ciudad Autónoma
