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La dialéctica en política requiere
de argumentos y que éstos sean sólidos, fundamentados, en
defensa no sólo de causas justas sino también legales.
Quienes se quieran erigir en abogados de lo imposible o de
causas perdidas tienen poco futuro en un Estado de derecho,
porque defender la ilegalidad no legitima a nadie en una
sociedad democrática y con la Constitución en la mano. Por
ello, no le falta razón al delegado del Gobierno cuando
plantea que hay que cumplir la ley cuando trata de ejercer
su responsabilidad y en el uso de sus competencias, abre
expedientes a quienes ocupan terrenos de dominio público en
una zona marítimo-terrestre ilegalmente ocupada como sucede
en la barriada de Benzu.
No hablamos de votos como tampoco de electoralismo a
cualquier precio. Se trata de restablecer el orden legal, de
“recuperación posesoria”. Y cuando el Ministerio de Fomento
y Costas interviene en la zona de nuestro litoral para
restituir una situación al margen de la ley, no se puede
revestir ésta de demagógica o de interferir las competencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma, porque quien es
competente ahí es la Administración General del Estado y,
por ende, la Delegación del Gobierno.
No se puede recurrir al victimismo para tratar de paliar la
ilegalidad o cubrir a quienes hacen de su capa un sayo y
hacen mal uso de esa política de hechos consumados para
luego lamentarse. No caben concesiones cuando se actúa con
absoluto desprecio a las normas como tampoco se debe generar
polémica para intentar desestabilizar y crear conflictividad
en una situación que nadie está legitimado para defender por
ilegal. Aprovechar cualquier circunstancia para generar
tensiones es irresponsable y muy peligroso.
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OPINIÓN / EDITORIAL
