CCOO y UGT, junto a representantes de tres asociaciones de
jueces, una de fiscales y cuatro catedráticos de Derecho,
han criticado duramente las reformas del Código Penal y de
la Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por el Gobierno.
Los sindicatos aseguran que la Ley de Seguridad Ciudadana
“pretende diezmar y cercenar una parte fundamental de lo que
es la esencia de las libertades públicas en España, que es
el derecho de manifestación y penaliza e intenta buscar vías
de represión sobre conflictos eminentemente laborales”.
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