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La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), donde se
encuentra ubicado el sector de seguridad privada, ha
manifiestado su rechazo, a través de un comunicado de
prensa, a la nueva Ley de Seguridad Privada porque se
“privatizan servicios en detrimento del empleo y de la
seguridad pública”. Además, desde la central sindical se ha
insistido en que la ley “no protege a los vigilantes en su
conjunto, tal y como había prometido el Gobierno y la
Policía. No elimina el intrusismo, al contrario, lo legaliza
en manos de las empresas de seguridad para que amplíen su
facturación en una parte del sector que se les escapaba, en
detrimento de los trabajadores de la seguridad privada.
Ofrece a las empresas de seguridad nuevas posibilidades de
negocio inimaginables hasta ahora y el derecho de huelga de
estos trabajadores sigue cercenado”.
Por ese motivo, desde UGT se ha destacado que “se pone el
acento en solo una cuestión, que no es otra que el
menoscabar la capacidad de intervención de los Vigilantes de
Seguridad, capacidad que ya tienen en el ejercicio de sus
funciones, en vez de poner el foco de atención en lo que
realmente cambia esta nueva Ley Seguridad Privada”.
Al hilo de la polémica suscitada por la aprobación, en el
Congreso de los Diputados, del proyecto de ley de Seguridad
Privada, el Sector de Seguridad Privada y Servicios
Auxiliares de la FeS-UGT ha realizado varias observaciones:
Los Vigilantes de Seguridad ya están en las calles y
espacios públicos: recargando cajeros automáticos, llevando
dinero a las entidades financieras, acudiendo a verificar
las alarmas que se producen en los locales; Los Vigilantes
de Seguridad llevan años vigilando Centrales Nucleares,
Fábricas de Armas, Centros Militares, Centros de
Comunicación, Aeropuertos, Barcos Pesqueros, y han protegido
y siguen protegiendo la vida de multitud de personalidades:
políticos, jueces, empresarios… en los servicios de escolta;
Son objetivo en el desarrollo de su trabajo de bandas
organizadas y criminales sin escrúpulos: como en Vigo,
Tarrasa, Viso del Alcor, Castelldefels, Marchena; Todo ello
con cargas añadidas como: largas jornadas en los turnos, con
bajo salario, con despidos por reducción y tienen totalmente
cercenado el derecho a la huelga.
En definitiva, una Ley, según la UGT, “cuyo objetivo
fundamental es privatizar servicios en beneficios de las
empresas del sector, dejando al margen a los trabajadores de
la seguridad privada”.
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union general de trabajadores
