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La Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes, con el
apoyo de los grupos parlamentarios del PNV y CIU, el
anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada, una de las tres
reformas que en el campo de la Seguridad ha impulsado el
Ministerio del Interior en esta legislatura junto a la Ley
de Seguridad Vial (ya en tramitación parlamentaria) y la Ley
de Seguridad Ciudadana, aún en fase de anteproyecto. Una Ley
que favorecerá el crecimiento económico de España pues
hablamos de un sector que, en las circunstancias actuales,
emplea a más de 85.000 personas.
El documento en cuestión garantiza, a pesar de las críticas
provenientes del progresismo español, la prevalencia de la
seguridad pública frente a la privada, pero garantiza los
principios de cooperación y corresponsabilidad, actualizando
al mismo tiempo la legislación anterior, fechada en el año
1992, a las circunstancias tecnológicas actuales y a las
nuevas prácticas. Una nueva legislación que favorecerá un
incremento sustancial en las contrataciones de personal al
ver ampliadas las prestaciones de nuevos servicios, que
hasta ahora estaban insuficientemente regulados o
directamente no lo estaban (servicio de video-vigilancia
interior, gestión y respuesta de alarmar, vigilancia de
polígonos,.....).
Una ocasión más, comprobamos las incoherencias de un
progresismo español, que crítica duramente un supuesto
inmovilismo del Ejecutivo popular en relación a las cifras
actuales del desempleo, pero al mismo tiempo crítica la
adopción de medidas que favorecerán, sin ninguna duda, la
creación de empleo. Pero, qué podemos esperar de quienes nos
han llevado a las peores cifras macroeconómicas, hasta en
dos ocasiones en estos años de democracia, las dos en las
que han ostentado el Gobierno de España, y ambas la
terminaron de igual manera, adelantando las elecciones por
incapacidad manifiesta.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
