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El que creíamos paradigma de la
legalidad, Juan Vivas, viene demostrando con su conducta a
través del paso de los años, que ha decidido hacer de su
capa un sayo o lo que es lo mismo, pasarse la normativa
vigente por el arco del triunfo o hacer caso omiso a lo que
le legislación establece. Lo ha hecho cuando ha tratado de
no sacar a concurso para habilitados nacionales las plazas
de Interventor y Tesorero para ejercer la libre designación
y situar en estos cargos fundamentales para el control
económico de la institución a gente que le deban el favor
por los emolumentos económicos que percibirían a cambio de
estar a su libre disposición laboral, dependiendo del “dedo”
que los ha puesto. En esta vorágine de desafueros se quieren
copar los puestos claves con funcionarios de confianza,
capaces de cubrir las espaldas a políticos en riesgo de
sospecha.
Y ahora, en el colmo de intentar rizar el rizo, resulta que
UGT denuncia la creación de una plaza de Oficial Mayor,
contraviniendo la Ley de Presupuestos para 2013 y 2014, que
prohibe el aumento de plantilla. La forma de gobernar de
Juan Vivas ha llegado a unos límites insospechados de
descaro y prepotencia, además de unas dosis de hipocresía
absolutamente impresentable: dicen cerrar la “puerta de
atrás” por donde ellos mismos (el Gobierno) han “colado” a
toda la retahíla de clientelismo político y dicen poner
cerrozajo a la misma y recurren, en el mayor ejercicio de
cinismo político, a la ampliación de una plaza fundamental
cuando expresamente está prohibida y que, desde hace tiempo
venía desempeñando María Dolores Pastilla, quien ya lleva
tiempo ejerciendo como Secretaria General, una plaza que el
propio Juan Vivas suprimió en 2009, según UGT.
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OPINIÓN / EDITORIAL
