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Celebramos este 6 de diciembre el 35 aniversario de la
Constitución Española de 1978 que fue fruto del generoso
acuerdo de todas las españolas y españoles, y que nos ha
proporcionado el marco más largo de convivencia estable de
nuestra historia.
Este aniversario se celebra en un momento
extraordinariamente difícil para muchas personas que se
sienten azotadas por una grave crisis económica, cuya
consecuencia dramática es la perdida de cualquier
expectativa vital. Esta crisis económica ha derivado en una
preocupante desafección de la ciudadanía hacia la política y
en una progresiva desconfianza hacia las instituciones.
Los hombres y mujeres socialistas hemos escuchado, con sumo
respeto y atención, este incesante clamor ciudadano y
queremos que esta celebración no sólo sirva para hacer un
homenaje retórico a la Constitución sino también para
proporcionar respuestas constructivas a los múltiples
problemas que aquejan a España y a los anhelos de su
ciudadanía.
Hasta el momento, las reformas promovidas en los dos últimos
años han debilitado las estructuras del Estado de Bienestar,
recortando derechos sociales, laborales y servicios
públicos. A partir de ahora, estamos viendo la llegada de
una oleada de leyes y de políticas que pueden afectar
gravemente a los derechos civiles, políticos y a las
libertades y garantías que se fundan en la Constitución que
hoy conmemoramos.
El principal problema de nuestro país sigue siendo la crisis
económica y los casi seis millones de hombres y mujeres sin
empleo. Por eso proponemos un pacto contra la crisis, que
haga del crecimiento, la creación de empleo y la mejora de
nuestra competitividad, una prioridad política. Este pacto
se concretaría en una Estrategia Global de Recuperación que
siente las bases para la reactivación económica e impulse la
creación de empleo de calidad.
Nuestra propuesta para la salida de la crisis económica
defiende, además, un planteamiento solidario, que incluya a
toda la ciudadanía, preservando la igualdad y evitando la
construcción de una sociedad dual, que trata de forma
desigual a los ciudadanos y ciudadanas en función de su
capacidad económica.
En este Aniversario tenemos la obligación de defender el
estado del bienestar, y un sistema público de calidad para
la sanidad y la educación que garantice la igualdad de
oportunidades y la cohesión social.
Los hombres y mujeres socialistas sostenemos, asimismo, la
necesidad de combatir con todos los medios a nuestro alcance
el rostro más perverso de la desigualdad: la violencia de
género.
Proponemos una reforma estructural del sistema fiscal, que
pasa por un conjunto articulado de medidas: el rescate a los
parados, los pensionistas y a los trabajadores y
trabajadoras con hijos a su cargo, con el objeto de que no
paguen el impuesto sobre las rentas de las personas físicas
y tengan un aumento de su renta disponible; el aumento de la
presión fiscal a las grandes fortunas; el incremento
progresivo del impuesto de sociedades; y la elaboración de
una Ley Antifraude, que corrija los vacíos legales o de
interpretación descubiertos por la inspección fiscal.
Recuperar la confianza en las instituciones requiere medidas
decididas y claras. Un combate eficaz contra la corrupción
hace imprescindible la reforma de la Ley de financiación de
los partidos políticos, con filtros eficaces en la
prevención y con un endureciendo de las sanciones
administrativas y penales.
Del mismo modo, la desafección ciudadana hacia las
instituciones democráticas hace necesaria una mayor
transparencia y una mejor explicación de la gestión de todos
sus representantes. La transparencia tiene que afectar a
todas las esferas políticas e institucionales, empezando por
los miembros del Gobierno y los cargos de confianza, los
cargos electos, la Casa del Rey, los órganos
constitucionales, los partidos políticos, los sindicatos,
las organizaciones empresariales, las confesiones
religiosas, las empresas concesionarias de servicios
públicos, las fundaciones públicas y todas aquellas
entidades sociales e institucionales que reciban fondos
públicos.
Los derechos y las libertades que ha consagrado nuestra
Constitución han servido para que construyamos una
democracia sólida y madura, que nos permite hoy hacer real
el espíritu constitucional y propugnar la neutralidad del
Estado en materia religiosa y que prevalezca la laicidad en
los espacios públicos. Al mismo tiempo que el Estado
garantiza los derechos y el ejercicio de la libertad
religiosa de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad.
La actual tensión territorial de nuestro país necesita la
respuesta de una democracia madura, que fortalezca y
estabilice nuestro marco de convivencia y preserve la
cohesión de nuestra sociedad. Entendemos que una propuesta
federalista puede permitir solventar las actuales
disfunciones y tensiones de nuestro Estado de las
Autonomías, dando una mejor cabida a las diferentes
singularidades de nuestros territorios, reforzando la
necesaria cooperación entre las Comunidades Autónomas y
preservando la igualdad de todos los españoles y españolas.
Un balance sosegado de los 35 años de democracia nos da un
resultado positivo que debemos saber transmitir a las
generaciones más jóvenes. España ha conseguido las mayores
cotas de libertad e igualdad, y el periodo más largo de
convivencia pacífica de su historia. Para preservar todo lo
que juntos hemos conseguido, propugnamos en este Aniversario
que juntos adaptemos la Constitución de 1978 a la
experiencia acumulada y a la realidad del siglo XXI, lo que
permitirá que las próximas generaciones reciban un marco
constitucional de convivencia mejor dotado para afrontar los
retos del futuro.
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO
