|
El delegado del Gobierno afirmó ayer que no entendía la
polémica generada con las escaleras cercanas a la frontera
del Tarajal , que a su juicio, como al del presidente de la
Ciudad, cuando lo que se hizo fue resolver resolvió el
principal problema, el de proteger a la comunidad educativa
del CEIP Príncipe Felipe ante el trasiego de porteadores con
grandes bultos a las horas de entrada y salida del los
alumnos del colegio.
En este sentido, dijo que se está buscando una alternativa y
lamenta que los que se quejaban de la misma ahora critican.
Las obras comenzarán “de inmediato” pues sólo deben recibir
el visto bueno de los responsables del Área de Costas.
Acto seguido, Francisco Antonio González puso el foco de
atención en parte de los padres de alumnos del Colegio
público Príncipe Felipe, singularmente de quienes residen en
Marruecos pero tienen a sus hijos escolarizados en Ceuta.
Sobre este particular, el delegado del Gobierno, al ser
preguntado, se autocuestionó el asunto: “Ustedes me están
hablando de niños de la barriada Príncipe Felipe, Príncipe
Alfonso o la Almadraba? ¿De qué niños hablamos que van al
colegio? ¿Me están diciendo ustedes que hay niños
escolarizados que viven en Marruecos pero que tienen que
estar empadronados en Ceuta para ir al colegio? ¿Es eso lo
que me están diciendo? Ya veremos lo que sucede”, advirtió.
Preguntado por lo periodistas sí se actuará también con los
funcionarios empadronados en Ceuta y que viven en el país
vecino, el delegado del Gobierno subrayó que “se está
actuando en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
otros colectivos, con funcionarios y con todo el mundo; lo
que sucede es que es un trabajo que lleva su tiempo y, sobre
todo, tiene que ser lo suficientemente garantista como para
que aquéllas personas que pudieran estar incurriendo en
algún tipo de infracción, tengamos claro que lo están
haciendo”, por lo que se quiere dar la oportunidad a los
posibles afectados a que tengan la oportunidad de demostrar
que lo que se les está diciendo es verdad o mentira.
“Nosotros respetamos el estado de Derecho -dice el delegado
del Gobierno-, y cuando tengamos comprobado que las personas
que están infringiendo la ley o la norma, se adoptarán las
medidas oportunas”.
|
educacion
