UGT ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato,
denunciando la deriva mercantilista de la sanidad pública en
Ceuta y Melilla, a raíz de la publicación, el pasado 18 de
noviembre en el BOE de la adjudicación, por parte del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la
“asistencia técnica para la definición de un modelo de
gestión clínica y su despliegue en los hospitales Comarcal
de Melilla y Universitario de Ceuta” a las empresas Mensor
Consultoría y Estrategias, S.L. y Business Assessment Pland
and Projects Healthcare, respectivamente, modificando las
condiciones para la adjudicación de dicha “gestión clínica”
y rebajando considerablemente los requisitos.
En la carta, el sindicato ha exigido una reunión con la
ministra, con el fin de que explique las razones para tomar
esta decisión, máxime cuando todos los datos referidos a
ambos hospitales avalan su buena gestión, tanto sanitaria
como económica; y la paralización inmediata de esta
privatización, que van encaminadas a la implantación de un
modelo de gestión que prima los intereses empresariales en
detrimento de la atención al ciudadano y los derechos de los
trabajadores.
Además, UGT ha demandado hoy en la Comisión Permanente del
Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud la inclusión
de este tema como punto del orden del día en el próximo
plenario, que se celebrará el 11 de diciembre.
El sindicato denuncia que en dicho proceso de adjudicación
se han rebajado drásticamente los requisitos técnicos de los
concursantes y, además, sospechosamente, en el caso de las
empresas adjudicatarias, forman parte de sus Consejos de
Administración antiguos profesionales del sector público
declarados oponentes a la sanidad pública.
Paradójicamente, la gestión de los citados hospitales
-responsabilidad directa del Ministerio de Sanidad, a través
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)- es
ejemplar y excelente, en el contexto del Sistema Nacional de
Salud: incremento de un 27,24% de la cirugía mayor
ambulatoria, disminución de un 13,39% del gasto por receta,
menores plazos de pago a proveedores que en el resto del SNS,
o un menor incremento presupuestario -0,57% para 2014, entre
otras cuestiones.
Para el sindicato, no es sensato que se pidan esfuerzos a
los ciudadanos en repagar prestaciones sanitarias y, acto
seguido, la ministra derroche en medios externos
innecesarios, como una asesoría técnica, un total de 81.735
euros. No son las ofertas más ventajosas para la
Administración y las mejor valoradas, como explicita y nos
quiere hacer creer el propio BOE, sino que es una
oportunidad de negocio privado con el presupuesto público de
todos los ciudadanos.
UGT denuncia que esta medida supone un injustificado
despilfarro, ya que el Ministerio cuenta con medios, tanto
humanos como técnicos, para la realización de estas tareas
de asesoramiento, en un escenario de drásticos recortes en
prestaciones fundamentales para la salud de la población.
Además, UGT exige una aclaración urgente por parte del
Ministerio de Sanidad que verifique la NO presencia de
personas imputadas en las empresas adjudicatarias y, de
confirmarse, proceda a una investigación urgente del proceso
de adjudicación, así como una explicación verosímil de la
modificación del pliego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP) en el transcurso de la licitación.
En el transcurso del proceso no se ha informado, como
formalmente debe hacerse, al Consejo de INGESA, en el cual,
como miembros del mismo, UGT no entiende que se tenga que
reunir a empresas privadas, cuando dicho asesoramiento puede
hacerse perfectamente por el propio INGESA y el Ministerio
de Sanidad.
El sindicato rechaza estos modelos de gestión que priman
intereses mercantilistas y reclama al Ministerio, una vez
más, la consulta antes de tomar este tipo de decisiones. En
este sentido, resulta imprescindible que se active el
Diálogo Social y la negociación colectiva sobre Sanidad,
apostando por una cobertura sanitaria única y universal y el
acceso gratuito a los servicios en el momento de su uso.
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