El Pleno de la Asamblea, coincidiendo ayer con el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, aprobó la
creación del Consejo Local de la Discapacidad como órgano
consultivo y de participación. Ha sido a propuesta de la
Consejería de Asuntos Sociales. Su titular, Rabea Mohamed,
expuso que con esta propuesta se potencia el diálogo civil y
la participación efectiva en las políticas públicas del
movimiento asociativo.
Un 8,5% de la población del país tiene algún tipo de
discapacidad y, en Ceuta, el dato es aún mayor. La consejera
Mohamed ha apuntado que algo más del 11% de la población
local tiene algún tipo de discapacidad, “hecho que debe
tener un reflejo equiparable a su importancia objetiva en
las actuaciones de las administraciones”, ha señalado.
Como recoge la propuesta que ha sometido a la consideración
del Pleno, “las legislaciones, las políticas, las
estrategias y la acción pública en materia de discapacidad,
en todos los planos y esferas, han de incorporar plenamente
el enfoque inclusivo que comporta el abandono de modelos que
segreguen, aparten o separen a las personas con discapacidad
del curso ordinario de la vida de la comunidad, asegurando
su poder de decisión en todo aquello que les concierna y la
libre opción para llevar un modo de vida participativo
conforme a sus preferencias”.
Así, en los últimos años, se ha avanzado en relevancia y en
toma de conciencia, como muestran, continúa el texto de la
propuesta, acontecimientos como la Estrategia Española sobre
discapacidad 2012-2020, que persigue mejorar el bienestar de
las personas con discapacidad y que diseña las líneas
básicas de las políticas públicas que se desarrollarán en
los últimos años; y el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión
Social, que unifica toda la normativa en la materia y fue
aprobado el 29 de noviembre de 2013 por el Consejo de
Ministros, que da respuesta a “una demanda histórica de las
personas con discapacidad y sus familias, la de garantizar
que la discapacidad esté contemplada en todas las
actuaciones políticas y por todas las administraciones”, y
que “define, por primera vez, los distintos tipos de
discapacidad y protege especialmente a quienes sean
susceptibles de sufrir discapacidad múltiple”.
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