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El Tribunal de Cuentas vuelve a
poner el foco en la mala gestión de los fondos públicos del
Gobierno de Juan Vivas. Nada nuevo bajo el sol, sino una
reincidencia notable que demuestra el nulo interés que se
demuestra en subsanar los errores y el caso omiso que se
hace a las recomendaciones de un Alto Tribunal, siempre con
vínculos al partido gobernante, por lo que sus indicaciones,
bien conocidas en cada informe que emiten por reiterativas,
no dejan de ser un brindis al sol o quedan en agua de
borrajas, aunque para el ciudadano estas conductas no hacen
más que demostrar las deficientes prácticas de un Ejecutivo
al que se le imputan modificaciones de crédito sin cobertura
financiera, el abuso de los procedimientos de emergencia en
las adjudicaciones (que conlleva eludir los procedimientos
legalmente establecidos), la eterna RTP incumplida año tras
año con mil y una excusas y el sistema de gestión en las
líneas de subvenciones, entre otras perlas que demuestran
una práctica financiera más que sospechosa.
No acaban ahí los problemas o desatinos de este Ejecutivo,
por cuanto los transportistas, también se les ponen en pie
de guerra y amenazan con adoptar medidas drásticas si las
instituciones no atienden su problemática: aumento de la
presión fiscal, subida de impuestos del gasoil,
imposibilidad de transitar por los polígonos del Tarajal y
un sinfín de protestas. Un colectivo que se une al de los
hosteleros de terrazas, que ya se van a dejar oír hoy ante
el Palacio de la Asamblea. De manera, que no es ya el fiasco
económico el que acucia al Ejecutivo Vivas, sino todo un
conjunto de colectivos al que se une la Cumbre Social que
llevará a la sala de Plenos su reivindicación contra la
privatización de la Sanidad. Los problemas crecen al mismo
ritmo que desciende la credibilidad del presidente Juan
Vivas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
