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El consejero de Programación y Relaciones con otras
Administraciones, Francisco Márquez, participó ayer en
Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde
la reforma de la Ley de la Administración Local recibió el
respaldo de todos los barones del PP. No obstante, el
proyecto de cambio se encontró con la oposición de cuatro
comunidades que consideran que esta nueva ley supone un
“recorte en democracia” y una invasión de sus competencias
autonómicas. Cataluña, Canarias, Asturias y Andalucía
anunciaron que si el Gobierno no rectifica, acudirán al
Tribunal Constitucional para defender sus respectivos
Estatutos y la autonomía local. Para Márquez esta es una
oposición, sobre todo mostrada por el PSOE, “está sacada de
contexto y no se corresponde con la realidad”.
El consejero y también diputado por Ceuta reiteraba ayer que
el objetivo de esta reforma es “eliminar las duplicidades,
racionalizar la función de las entidades locales y
garantizar la sostenibilidad de la Administración local”.
Sobre su repercusión en la ciudad, Márquez se mostró
positivo y aseguró que refuerza “su capacidad de
autogobierno”.
Esta reforma ha pasado ya por el Congreso donde se han
introducido enmiendas de todos los grupos parlamentarios,
sobre todo del popular. Márquez señaló que están satisfechos
de como ha llegado el texto al Senado, donde se encuentra
ahora, después de las modificaciones. Una de ellas se ha
realizado en la disposición adicional tercera, concretamente
en dos puntos, que consolidan la capacidad organizativa de
los gobiernos de las Ciudades Autónomas y así lo manifestó
ayer Márquez tras asistir a la comisión.
Los gobiernos populares de Galicia, Cantabria y la Comunidad
Valenciana respaldaron en el Senado la reforma de la
administración local pero pidieron que esta vaya acompañada
de una reforma también de la financiación autonómica,
anunciada para el año que viene, que les ofrezca más
recursos para afrontar las nuevas competencias.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, que estuvo al frente de la comisión,
recordó que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo con el
que sacar adelante la reforma de la normativa. Además, el
ministro aseguró que la ley se pondrá en marcha en enero
para todos y que el Gobierno afronta ese momento “con
humildad”. “La intención última es que las instituciones
funcionen, sean operativas. Si hace falta ir corrigiendo y
modulando lo vamos a hacer”, apuntó.
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partido popular
