|
La nacionalidad es el vínculo que une a cada individuo con
un Estado determinado. Este vínculo genera derechos y
deberes recíprocos. Nuestro ordenamiento jurídico presume
dicho vínculo cuando la persona tiene una filiación directa
como español porque se entiende la filiación como garantía
suficiente de que los padres son responsables de que sus
hijos formen parte de la sociedad y aprendan y hagan suyas
las normas de convivencia. Sin embargo, el vínculo necesita
ser probado en los supuestos en los que se adquiere o adopta
la nacionalidad. La prueba de ese vínculo se basa
precisamente en el grado de integración de la persona en la
sociedad, de manera que, desde el punto de vista jurídico,
la nacionalidad constituye la mayor cota de integración de
un extranjero en nuestra sociedad.
Así, por ejemplo, en la última década han accedido a la
nacionalidad española por residencia casi ochocientas mil
personas (con exactitud, de acuerdo con los datos publicados
por el Observatorio Permanente de la Inmigración, en el
periodo 2002-2012 se ha concedido la nacionalidad española
por residencia a 781.318 personas de origen extranjero).
Casi un millón de personas que han alcanzado la plenitud de
la integración jurídica de acuerdo con las normas de nuestro
estado de derecho, y en cuyo acceso a la nacionalidad se ha
evaluado el elemento fundamental de integración social
efectiva.
Un país receptor de inmigrantes
España se ha convertido en poco más de dos décadas en un
país receptor de inmigración, en el que hoy residen más de
cinco millones y medio de extranjeros de más de ciento
veinte nacionalidades distintas. Concretamente, de acuerdo
con los últimos datos de residentes extranjeros en España,
publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración
y correspondientes a 30 de junio de 2013, 5.503.977
extranjeros tienen actualmente un título de residencia en
vigor en nuestro país.
A dicho dato se une la circunstancia de que 2.135.597 de
esos residentes son extranjeros no ciudadanos de la Unión
Europea titulares de una autorización de residencia de larga
duración, para cuya obtención han tenido que acreditar con
carácter general haber residido legal e ininterrumpidamente
en nuestro país al menos durante cinco años y otros
2.702.110 residen en España en el marco del régimen de libre
circulación de la Unión Europea.
Viendo dicha cifra resulta obvio decir que la española es
hoy una sociedad plural en nacionalidades, razas,
religiones, así como en culturas de origen. Además, no debe
perderse de vista el breve espacio de tiempo en que se ha
conformado este nuevo tejido social, pues las
manifestaciones más intensas del fenómeno inmigratorio se
han concentrado en un periodo de no más de una década. Sin
embargo, es de resaltar que la sociedad española ha
conseguido que, con carácter general, este cambio social se
produzca de manera sosegada y exento de graves conflictos.
Ante dicha realidad, sigue hoy resultando sustancial llamar
la atención sobre el hecho de que España contribuye a la
integración de personas extranjeras a través de la
regulación de uno de los catálogos de derechos y deberes más
amplios de los países de nuestro entorno, en cuya
interpretación debe tenderse además a la igualdad con los
ciudadanos españoles, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
Junto a dicha regulación, la política de apoyo a la
integración de los inmigrantes ha sido y sigue siendo la
respuesta institucional que los poderes públicos, entre
otros la secretaría general de Inmigración y Emigración, dan
a la sociedad en el objetivo de la cohesión social. Dicha
política está constituida por múltiples acciones y se
realiza tanto de forma directa por los poderes públicos
(administración central, autonómica y local) como a través
de actuaciones de fomento de la actuación de entidades
sociales, principalmente organizaciones no gubernamentales y
asociaciones de inmigrantes.
Sin perjuicio de las actuaciones específicamente dirigidas a
la población extranjera o a la sensibilización de la
población general sobre el fenómeno migratorio, el
extranjero residente participa asimismo en condiciones de
igualdad con los ciudadanos españoles de todas las políticas
sociales (de empleo, sanidad, educación y cultura…). Este
sistema fortalece enormemente su integración en nuestra
sociedad.
El conjunto de todas estas acciones, de todas las políticas
públicas, coadyuvan a la consolidación de una sociedad
cohesionada en la que todos participan, con ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus deberes, en condiciones de
igualdad, en las que el extranjero aparece como igual desde
el primer momento respecto al español. No hay impulso a la
integración más fuerte que ese.
Igualmente, no hay mayor fuerza integradora que la de la
propia persona. Sin perjuicio de la obligación de los
poderes públicos de remover los obstáculos que impidan la
plenitud de la igualdad real y efectiva del individuo
(obligación que deriva de nuestra norma fundamental), toda
acción pública resultará inútil si la persona extranjera no
toma las riendas de su proceso de integración; cualquier
acción pública multiplicará exponencialmente su eficacia
integradora si la persona a la que se dirige es consciente
de que el principal actor es ella misma.
Y son muchas las personas que en los últimos años en España
han sido conscientes de dicha circunstancia, y han alcanzado
lo que desde el punto de vista jurídico es la mayor cota de
integración de un extranjero en nuestra sociedad: el acceso
a la nacionalidad española.
De ahí la importancia del esfuerzo de mejora de gestión que
hoy está realizando el ministerio de Justicia sobre la
materia, tanto en cuanto a imprimir celeridad a los
procedimientos como en cuanto a que durante su tramitación
se avance en términos de valoración de la integración de la
persona que solicita ser ciudadano español.
La secretaría general de la que soy titular viene
colaborando con el ministerio de Justicia, prácticamente
desde el inicio de la legislatura, en el convencimiento de
que las políticas de integración de los inmigrantes y las de
acceso a la nacionalidad deben avanzar de la mano, en el
objetivo de la plena cohesión social.
*Secretaria General de Inmigración y Emigración
|
OPINIÓN
/
CARTAS AL DIRECTOR
