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La ley de seguridad ciudadana
vulnera derechos fundamentales”. Esta frase no la ha dicho
ningún radical, antisistema o perroflauta, sino Joaquim
Bosch, portavoz de Jueces para la democracia. Julio Anguita
ha sido más duro y conciso afirmando que “la reforma de la
ley supone la antesala del fascismo y del horror”. Ambos
llevan razón. Tanto ha sido el revuelo que ha causado este
tema que el Partido Popular se ha visto obligado a frenar,
por el momento, el anteproyecto. No es para menos. La ley de
seguridad ciudadana, lejos de velar por el bienestar de los
ciudadanos, constituye un indiscriminado ataque contra los
mismos, tratándonos a todos como delincuentes en potencia.
Al mismo tiempo que desde España nos atrevemos a dar, por
enésima vez, clases de democracia a Nicolás Maduro y
Venezuela por las leyes que aprueban allí, aquí nos vamos
cargando de manera brutal las garantías democráticas.
En Venezuela, la Asamblea Nacional ha aprobado, con una
mayoría de 3/5, una ley habilitante para poder hacer lo que
ya se hace en España: aplicar Decretos Ley. La diferencia es
que allí se ha habilitado a Maduro a hacerlo sólo durante un
año y siempre con el objetivo de luchar contra la corrupción
y la guerra económica llevada a cabo por las oligarquías.
Aquí, Rajoy lleva gobernando a golpe de Decreto durante dos
años, pero al parecer los dictadores son siempre otros. Allí
hacen leyes contra la corrupción; aquí, contra los
ciudadanos que protestan. Y nos dicen que lo malo es lo
primero.
La ley de seguridad ciudadana es un acto de venganza, una
reforma anticonstitucional para muchos juristas. Entre otras
medidas, esta ley pretende aplicar sanciones económicas que
oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros (100 millones
de pesetas) a aquel que grabe a un policía en el
cumplimiento de sus funciones, al que se manifieste delante
de un edificio público o al que realice un escrache, una
práctica que los tribunales han dicho que no constituye ni
delito ni falta. Cualquier persona sensata, sea de la
ideología que sea, debe reconocer que es de locos. El
Gobierno pretende convertirse en juez, aplicando penas que
violan de manera flagrante el principio de proporcionalidad.
Pretende castigar a unos ciudadanos que considera enemigos.
Saben que cada vez les cuesta más convencer, por lo que
tienen que reprimir. Es básico. Esta ley es una medida
puramente disuasoria: quieren que no hagamos política y que
tengamos miedo de protestar. Llevan ADN autoritario en las
venas.
Persiguen a los disidentes, igual que en una dictadura. No
sólo se han propuesto acabar con las protestas, sino también
con los derechos del trabajador. Tras la victoria de los
ejemplares huelguistas de la limpieza de Madrid, Ana Botella
ha hablado de “regular el derecho a huelga”. Es un
eufemismo. El derecho a huelga ya está perfectamente
regulado y cualquier acto vandálico, de coacción o de
violencia viene legislado en nuestro Código Penal. Cuando la
señora Botella habla de regular, lo que quiere decir es
limitar. Precisamente, si hay algo que debería estar más
controlado en las huelgas no son las acciones de los
trabajadores, sino las de los empresarios. Las encuestas nos
dicen que los trabajadores que no desean hacer huelga no
temen los piquetes. En cambio, muchos que quisieran hacer
huelga se ven obligados a trabajar por el miedo a ser
despedido, siendo así violado un derecho crucial. Ana
Botella lo sabe, pero le da igual. Al fin y al cabo, duerme
con José María Aznar. Lo que esta señora pretende es que las
huelgas no molesten. Pretende que las huelgas no sean
huelgas.
Sin duda, la intención del Gobierno de criminalizar los
actos de protesta ha sido el tema estrella de estos días,
pero ha habido más. Rafael Hernando, el portavoz adjunto del
PP que hace unas semanas soltaba barbaridades contra la II
República, lo ha vuelto a hacer. Este señor, en relación a
los hombres y mujeres que exigen saber donde se encuentran
enterrados los restos de sus familiares asesinados por
Francisco Franco y sus secuaces, ha afirmado lo siguiente:
“Algunos se han acordado de su padre cuando había
subvenciones para encontrarlo”. Es curioso. Esta gente que
se llena la boca a la hora de hablar de las víctimas de ETA
no tiene ningún reparo en reírse de las víctimas del
franquismo. Si un diputado alemán faltase al respeto de esta
manera a una víctima del nazismo estoy seguro de que sería
automáticamente sancionado y relegado de sus funciones. En
España sale gratis ser un sinvergüenza.
También hemos confirmado algo que muchos ya sabíamos: que
Luis Bárcenas no es más que una pieza en un entramado de
corrupción y desfachatez bastante más complejo. Al menos,
eso es lo que nos trasmite el juez Ruz al confirmar la
existencia de contabilidad B en el PP y dejar claro que
“Luis el cabrón” era, sencillamente, el encargado de esta
caja paralela. Es decir, que “los papeles de Bárcenas”, que
los populares afirmaban que eran falsos, son ciertos. Aún
estamos esperando que Cospedal, Arenas, Cascos o Rajoy den
la cara, pidan perdón y se vayan para no volver más. No lo
van a hacer. Ya he dicho que ser un sinvergüenza sale
gratis, igual que instalar en nuestras fronteras cuchillas
que matan a aquellos a los que la avaricia de las
multinacionales del primer mundo condena al hambre, a la
miseria y a jugarse la vida para llegar a una vida mejor. El
Partido Popular es todo humanidad. O eso dicen en su anuncio
los pijos de Nuevas Generaciones.
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OPINIÓN / LA ZARPA
