sociedad - MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

CEUTA
Virginia Saura
ceuta@elpueblodeceuta.com

La decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, leyó ayer un manifiesto que han suscrito todos los letrados españoles en el que se denuncia la mala gestión de las tasas judiciales durante su primer año de vida además del hecho de que se han convertido en una “injusta barrera para acceder a la Justicia”.

Un año después de que entraran en vigor las tasas judiciales, la abogacía se ha vuelto a concentrar para denunciar que estas se han materializado como “una injusta barrera para el acceso a la justicia”. La decana del Colegio de Abogados, Isabel Valriberas, leyó ayer un manifiesto social que se dio a conocer en toda España. Mientras, hoy está previsto que todos los abogados salgan a la calle a manifestarse contra esta medida que, según critican, “ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de tasas”.

Valriberas, leyendo el manifiesto, puso en evidencia que las tasas no han penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. “Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho”. Además, los abogados denuncian que mientras se han puesto barreras a los que menos tienen, no se han solucionado los problemas en la concesión de la justicia gratuita.

Desde el Consejo General de la Abogacía han criticado, a través de este texto, que el Ministerio haya incumplido “su compromiso” de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. “Se desconoce el destino de la recaudación”, destacan para señalar como este ni siquiera aparece en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.

Los abogados también denuncian “la pésima gestión material de las tasas judiciales, caracterizada durante este año por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica”. Una situación que lamentan que haya “acentuado” el perjuicio para los ciudadanos.

Durante su comparecencia, Valriberas también se refirió a las peticiones que trasladó al ministro de Justicia durante su visita a Ceuta para que agilice la agrupación de todos los órganos judiciales en un mismo edificio y sobre la Ley de Servicios Profesionales que ha generado gran polémica por la ampliación de competencias que supondría.
 

Contestación social unánime ante las reformas

En el manifiesto contra las tasas recogen que la contestación social ha sido unánime. Además, recuerdan que hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que es “un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva”. “El Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la degradación del Estado de Derecho”, reprochan.

Los letrados reiteran la “más que nunca deseada mejoría de la calidad de las leyes mediante la exigencia de participación real y efectiva de profesionales representativos, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo”. Desde los colegios de abogados solicitan también que el Gobierno escuche “la voz de todos los colectivos afectados, pues somos los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial, y valore el hecho sin precedentes de que todos los actores reales de justicia continuamos unidos frente a las reformas”.