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La sociedad municipal Emvicesa, junto al Organismo
Autónomo de Servicios Tributarios de la Ciudad estudian
“alternativas” para que ajudicatarios de viviendas de
protección oficial con impagos puedan hacer frente a sus
respectivas deudas, ya que algunas incluso sobrepasan los
23.000 euros en zonas como Al-Jalifa. Las primeras
notificaciones por impagos se enviaron en febrero de 2012,
aunque las reestructuraciones en el Ejecutivo local han
hecho que vuelva a retomarse la negociación.
La sociedad municipal de la Vivienda, Emvicesa, junto a
Servicios Tributarios de la Ciudad estudian “alternativas”
para que los adjudicatarios de viviendas de protección
oficial con impagos puedan hacer frente a sus respectivas
deudas. Según informaron fuentes cercanas a la
Administración local, “todavía no hay una propuesta firme y
clara sobre la mesa”.
Sin embargo, se insiste en que, a pesar de que algunos
adjudicatarios hayan recibido en estos últimos meses cartas
sobre el proceso monitorio, estas mismas fuentes aseguran
que “no se va a quedar nadie en la calle”, pero sí que es
necesario que el que pueda pagar, lo haga.
“Vamos a estudiar una fórmula de refinanciación”, destacan,
aunque también consideran que ampliar la hipoteca, tal y
como solicitaban representantes vecinales el pasado año, no
es viable por el momento.
Por su parte, los representantes vecinales de zonas como
Al-Jalifa (antiguo Poblado Legionario), han señalado que se
espera que en estos últimos días se decida cuál va a ser la
solución para que los residentes que no han pagado su
vivienda puedan hacerlo.
Un “buen trabajo”
Desde Emvicesa, explican estos mismos representantes, “se
está realizando un buen trabajo y se ha puesto mucho interés
en ayudarnos, algo que agradecemos”. “Según lo que se nos ha
informado, se nos va a dar una solución para la próxima
semana”, comentan. Estos mismos representantes también
recuerdan que “todavía no se ha podido hacer nada después de
que el viceconsejero de Hacienda, Manuel Carlos Blasco,
dejara el cargo, algo que ha paralizado la situación”. El
mes de febrero de 2012 comenzaban a llegar las primeras
cartas del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios (OAST)
a adjuidicatarios de viviendas de protección oficial por
impagos o retrasos en los mismos. En total, fueron 900
notificaciones que se remitieron a diferentes zonas de la
ciudad, como fue el caso de Al-Jalifa, además de las 225 VPO
de Loma Colmenar, la Estación del Ferrocarril, la Reina o
Miramar Bajo.
Algunos adjudicatarios, los que más años llevaban en sus
viviendas, tenían deudas que ascendían entonces a los 23.000
euros. Tras diversas reuniones entre representantes
vecinales y los responsables aquel entonces, se accordó en
mayo de 2012 que los adjudicatarios con impagos podrían
ampliar su hipoteca a 50 años, aunque a esa actuación estaba
pendiente de dársele luz verde por la dimisión del consejero
y la falta de informe jurídico.
De ahí que más de un año y medio después, la Viceconsejería
de Vivienda, a través de Emvicesa y los Servicios
Tributarios de la Ciudad hayan vuelto a retomar las
negociaciones para evitar que las deudas aumenten todavía
más. El abono mensual que deben pagar estos vecinos es de
unos 250 euros, aunque se reduce al 50% si la familia goza
de una subvención. El 16 de marzo del año pasado este diario
se hacía eco de las cartas recibidas. Representantes de los
vecinos argumentaban entonces que el problema principal de
estos impagos llegaba porque había adjudicatarios que se
habían quedado “sin trabajo”.
Los vecinos de Al-Jalifa, uno de los lugares en los que
mayor cantidad de dinero se debe, accedieron a la promoción
en el año 2006. Por su parte, en Loma Colmenar, el pasado
año sólo 80 de 225 viviendas estaban al corriente de los
pagos mensuales. En aquel momento se anunciaba desde la
Ciudad que Servicios Tributarios había llevado a cabo una
“ronda de recuerdo” de la situación de cada ciudadano y por
ello, había que “regularizarla”. “El Gobierno siempre da
flexibilidad y facilidad para el pago” y el objetivo a
partir de entonces era “estudiar cada caso”, aseguraban en
aquel momento desde la Administración local.
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