La Mesa General de Negociación celebrada ayer terminó con
el acuerdo por parte de la Ciudad y las centrales sindicales
con representación en la Administración de que la extra de
navidad de 2012 se abone finalmente con la nómina de
diciembre. A este respecto, tal y como ha podido saber este
diario la Ciudad pretende abonar a los funcionarios en
activo y al personal laboral lo dictado en la sentencia con
la nómina del próximo mes de diciembre, aunque podría volver
a detraerla si el Tribunal Constitucional declarase
constitucional la aplicación del Real Decreto.
La Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos y las
tres centrales sindicales con representación en la Asamblea
alcanzaron ayer un acuerdo en el seno de la Mesa Generación
de Negociación para que se realice el abono, tanto al
personal laboral como a los funcionarios y en la nómina del
próximo mes, de la parte devengada de la paga extraordinaria
de diciembre de 2012.
De esta manera, el Gobierno da cumplimiento a las sentencias
dictadas al respecto, tanto la emitida por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº1 de Ceuta, que reconoce el
derecho de los funcionarios a cobrar la parte proporcional
al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio
y que tiene carácter firme, como la del Juzgado de lo Social
de Ceuta, que aunque no es firme, se pronuncia en el mismo
sentido en relación al personal laboral, aunque en este caso
reconociendo solo 14 días (del 1 al 14 de julio de 2012).
Tal y como adelantó en la edición de ayer EL PUEBLO, el
acuerdo entre la Dirección General de Recursos Humanos y los
sindicatos diferencia entre funcionarios y personal laboral.
En relación a los primeros, el documento firmado contempla
los dos escenarios que pueden abrirse tras el paso del
contencioso por el Tribunal Constitucional, motivo por el
que el pago tendrá el carácter de abono anticipado.
Así, en el caso de que el TC confirmara el derecho de los
funcionarios a percibir la parte proporcional de la paga
extraordinaria correspondiente al periodo comprendido entre
el inicio del segundo semestre de 2012 (1 de junio) y la
entrada en vigor del Real Decreto por el que se suprimió
esta paga (14 de julio), “se tendrá por cumplida la
sentencia”, además de abonarse la cantidad que
correspondiera en cada caso a aquellos funcionarios que a
fecha de diciembre de 2013 no trabajaran para la Ciudad pero
que si lo hubieran hecho en el periodo afectado.
Pero si, en cambio, se declara constitucional la aplicación
del Real Decreto, continúa el acuerdo, el abono tendría “la
consideración de adelanto” de la siguiente paga
extraordinaria y por tanto la cuantía sería detraída, y se
liquidaría el abono a quienes la hubieran percibido y ya no
trabajaran para la Ciudad.
En el caso del personal laboral, el acuerdo viene a suponer
el cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social.
Los sindicatos han recurrido este fallo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA)
para reclamar 44 días en vez de los 14 reconocidos.
Si el TSJA diera la razón a este planteamiento, el Gobierno
procederá a pagar los 30 días restantes (la parte
correspondientes de la paga extraordinaria al mes de junio
de 2012).
Para dar cumplimiento a los términos del acuerdo, Recursos
Humanos se compromete a llevar a cabo “un control
exhaustivo” de la gestión del acuerdo (pagos realizados,
pendientes y reintegros si fuera el caso).
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CCOO y CSI-F solicitan el abono de la extra en la nómina de
noviembre
Aunque finalmente fueron las tres
centrales sindicales con representación en la Asamblea las
que rubricaron el acuerdo, hubo disparidad de opiniones en
cuanto a cuando debía abonarse la cantidad devengada.
Mientras que UGT daba por bueno que la extra de 2012 se
abonara junto con la nómina de diciembre, al considerar que
el acuerdo era bueno y hubiese sido una temeridad poner en
peligro esta decisión que abarca a más de 1.400 trabajadores
por una diferencia de no más de 20 días, tanto CCOO como CSI-F
se posicionaron en que, aunque veían bien la propuesta del
Gobierno, el abono de ese dinero debía producirse con el
ingreso de la nómina de noviembre. En este sentido y ante la
respuesta dada por el director general de Recursos Humanos,
Juan Manuel de la Torre, sobre que esa decisión sólo podía
confirmarla el consejero de Hacienda, Economía y Recursos
Humanos, Emilio Carreira, tanto CCOO como CSI-F decidieron
no firmar inicialmente el acuerdo hasta optener una
respuesta de Carreira. Minutos más tarde, y después de que
desde la Administración se manifestar que por impedimentos
administrativos no podía ser, ambos sindicatos, CCOO y CSI-F
estamparon sus firmas en el documento, al igual que UGT.
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