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Estuvo redactado el artículo preciso en la Constitución de
1978. Decía así: «Una misma persona no puede ser presidente
del Gobierno o de una Comunidad Autónoma más de ocho años».
Se completaba de esta forma lo dispuesto para el gobernador
del Banco de España, para el presidente del Tribunal de
Cuentas, para el presidente del Tribunal Constitucional...
Adolfo Suárez montó en cólera. No quería que se limitaran
sus mandatos. Estábamos en 1977 y él pensaba ser presidente
del Gobierno de Su Majestad al menos hasta el año 2010. Así
es que se desmoronó aquel artículo que nos hubiera evitado
el crepúsculo de Felipe González, la longevidad en el poder
de Pujol o Fraga, el desbocamiento de la corrupción que se
enlaza casi inevitablemente con un Gobierno excesivamente
prolongado.
Roosevelt ganó su cuarta elección en noviembre de 1944. A
muchos estadounidenses les pareció que se bordeaba ya la
dictadura. El presidente falleció el 12 de abril de 1945 y
los constitucionalistas de Estados Unidos enmendaron la
Carta Magna para fijar un máximo de dos periodos de cuatro
años en la presidencia de la nación. Charles De Gaulle
limitó su megalomanía a dos mandatos de siete años, que él
no cumplió pero Miterrand, sí. Los constitucionalistas
franceses, con muy buen sentido, redujeron a diez los
catorce años de la ambición gaullista. En todo caso, desde
la limitación presidencial en Estados Unidos la inmensa
mayoría de las Constituciones establecieron fórmulas
precisas para que nadie pudiera eternizarse en el poder. En
España, por obra y gracia de Adolfo Suárez, ni la
presidencia del Gobierno ni la de las Comunidades Autónomas
tiene límites.
Recuerdo ahora el día en que acudí al Palacio de la Moncloa
para hacer una extensa entrevista a José María Aznar.
Presidía yo La Razón, el diario por mí fundado, y mi
propósito, aparte de otras muchas cuestiones, consistía en
extraer del presidente el compromiso público de que no
permanecería en Moncloa más de ocho años. Lo conseguí. Sin
demasiado esfuerzo. Aznar tenía conciencia clara del daño
que sufrió González en sus dos últimos mandatos, sobre todo
en el cuarto.
Ahora, José Antonio Monago ha anunciado que someterá al
Parlamento extremeño un proyecto de ley para limitar a ocho
años los mandatos en la presidencia de la Junta. «Es
necesario renovar -ha dicho-. La época de la política como
un medio de vida pertenece al pasado».
Bien por Monago. En la reforma constitucional que el sector
más equilibrado de la opinión pública exige cada día con más
fuerza, habrá que incluir la limitación de mandatos para la
presidencia del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Y
aunque la simpática, la encantadora Soraya Sáenz de
Santamaría no encuentra razones para la reforma
constitucional, al Título VIII, que trata de las Comunidades
Autónomas, hay que darle la vuelta de arriba abajo. Y lo que
es más importante: las nuevas generaciones quieren
contribuir a la construcción del sistema en el que viven. Se
han divorciado del actual. El régimen está agotado. El 70%
por cierto de la juventud permanece indiferente ante él; el
30% está indignado; el 100%, asqueado. Lo he reiterado
muchas veces: la reforma constitucional es imprescindible. O
la hacemos ordenadamente desde dentro del sistema o nos la
harán revolucionariamente desde fuera.
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OPINIÓN
