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El caso Kibesan ya está en sede
judicial. Acabamos de conocer que el Juzgado de Instrucción
nº1 de Ceuta ha preguntado a la Asociación anticorrupción
“Conciencia Libre” si se personará como acusación particular
en este asunto. Cuestión que hará con toda seguridad, ya que
no se entendería de otra manera presentar una denuncia
judicial sobre los presuntos delitos de prevaricación y
tráfico de influencias contra la consejera de Presidencia,
Empleo y Gobernación, para luego eludir el compromiso
acusatorio en el ámbito correspondiente. Cabe intuir que,
una vez que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía, el
hecho de que se le haya dado traslado al juez, es signo de
que ha apreciado indicios de presunto ilícito penal en la
actuación seguida por Yolanda Bel en cuanto a los
fraccionamientos de pagos con la mencionada empresa que ha
suministrado materiales por menos de 3.000 euros, evitando
así la concurrencia de empresas en un concurso público, cuyo
expediente de contratación siempre favorece al Ayuntamiento
al adjudicarse a la mejor oferta.
A la presentación como acusación particular de “Conciencia
Libre”, hay que considerar que el juez dará las
instrucciones pertinentes para que se investigue este
presunto ilícito penal con una serie de aspectos opacos:
carecer de pago del IPSI, numerosos fraccionamientos de
pagos hasta sumar más de 40.000 euros, (cantidad que hubiera
dado lugar a la convocatoria de un concurso de
adjudicación), ampliación del objeto social de la empresa
para dar cobertura a los materiales suministrados con
antelación, y una conducta política que no se justifica con
los preceptos legales ni con las cautelas que habrían de
tenerse en cuenta en asuntos de esta naturaleza. Habrá que
estar atentos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
