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La coalición Caballas ha
demostrado que no va de farol en su oposición frontal al
proyecto de la Marina al presentar un recuso especial donde
se exige una calificación empresarial que no tiene ninguna
empresa ceutí y deja la adjudicación en manos de criterios
subjetivos, que es la argucia que tanto gusta a este
Gobierno al que se le llena la boca de legalidad para luego
utilizar la “letra pequeña” en la realidad de sus
planteamientos. Ahora, Caballas, pide a la Justicia que
intervenga en base a argumentos técnicos y jurídicos, a la
vista que el Ejecutivo ha hecho caso omiso a los argumentos
políticos. Además, el proyecto está concebido de manera
inmoral según Caballas y se restringe a sólo un 10% la baja
en el precio de licitación con una renuncia a mayores
porcentajes que, curiosamente, ahorrarían dinero a las arcas
públicas. Demasiados embrollos como para confiar en la buena
voluntad de una iniciativa que, contra viento y marea, se
quiere sacar adelante como si un indisimulado interés oculto
lo impusiera.
Es hora de poner cordura y mecanismos legales en los
desvaríos y caprichos de este Gobierno, que usa y abusa de
parafernalias como ésta, de fuegos de artificio millonarios
para encubrir campañas electorales a base de obra pública
para mayor gloria de Juan Vivas que, en su desenfreno de
gastos, no es tan mirado ni rácano como en otros ámbitos
donde dice mostrar preocupación por el Plan de
Sostenibilidad. En este caso de la Marina, poco importan las
medidas de austeridad de las que tanto han presumido ni los
argumentos razonados de la oposición. El Ejecutivo pone en
marcha su “rodillo” de mayoría absoluta amplia y ha de
toparse con la Justicia para poner freno y cordura a sus
disparatados desenfrenos. Sin sentido de la medida.
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OPINIÓN / EDITORIAL
