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Todos, absolutamente todos estamos
plenamente convencidos de los pésimos resultados cosechados
por la séptima reforma educativa elaborada y aprobada por el
progresismo español (LOE). Una Ley Orgánica publicada en el
Boletín Oficial del Estado del 4 de mayo de 2006 en
sustitución de la Ley anterior, la primera elaborada por el
partido popular, una reforma que jamás llegó a entrar en
vigor (LOCE). Es importante recordar que el partido
socialista ha aprobado hasta siete leyes educativas
distintas, mientras el partido popular tan solo ha elaborado
y aprobado dos, aunque ninguna de ellas ha entrado aún en
vigor, y en ambos casos, tras constatar los fracasos de las
leyes anteriores.
La situación del actual sistema educativo español,
engendrado por el progresismo español en todos los casos, no
podría ser peor; nuestros estudiantes se sitúan 12 puntos
por debajo de la media europea, duplicamos la media europea
de abandono escolar y sin embargo, nos encontramos a la
cabeza en el gasto destinado al alumnado. Hasta aquí un
sencillo ejercicio de recopilación de datos, que desmiente
inicialmente algunos de los planteamientos del progresismo
español, entiendo como tal toda aquella formación política,
centrales sindicales y organizaciones de toda índole
críticas con el actual Gobierno de España.
Lo que nadie puede negar en estos momentos es que la nueva
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ha sido
elaborada para mejorar una situación insostenible desde la
coherencia y la responsabilidad. La LOMCE valorará el
esfuerzo de nuestros estudiantes, recompensando a quienes
obtienen las mejores calificaciones educativas, pero
ofreciendo alternativas reales a quienes no superen las
pruebas selectivas planteadas. Las circunstancias actuales
obligan a racionalizar las partidas presupuestarias
destinadas a la formación de nuestros jóvenes, no solo en
función de sus ingresos económicos, sino también del
esfuerzo realizado. ¿Podría ser mejor? Sin ninguna duda, en
otras circunstancias económicas.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
