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Los Tribunales están dejando a la
Ciudad Autónoma en fuera de juego, tanto en el Juzgado de lo
Social como en el de lo Contencioso-Administrativo. Las
pagas extraordinarias de diciembre de 2012 devengadas
semestral, anual o desde el 1 de junio al 14 de julio van a
suponer a las arcas públicas un buen dinero de devolución a
los funcionarios y laborales. Y es que cuando las
actuaciones políticas son deficientes, estos procesos
judiciales se acumulan en sentido negativo y no cabe otra
que cumplir las sentencias por más que no gusten. Así va a
suceder con los funcionarios públicos a los que se les va a
devolver parte de la extra de diciembre de 2012 (un 25%) en
un movimiento de urgencia del Gobierno tras conocer que el
PSOE solicitará hoy en Pleno que se llegara a un acuerdo con
los sindicatos para ver la forma de efectuar dicha
devolución y evitar un cúmulo de procesos judiciales
individualizados de afectados.
La dinámica de la Ciudad Autónoma de contravenir el
cumplimiento de las sentencias porque no gustan, no es de
recibo como tampoco lo es intentar “interpretar” las
sentencias que no se recurren y son, por tanto, firmes y de
obligado cumplimiento. De hecho, se está dando el caso que,
por mucho que no guste, se va a cumplir el pronunciamiento
del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la
Doctrina Parot y aquí, el Gobierno de Juan Vivas no cesa de
realizar encaje de bolillos para intentar eludir sentencias
que no admiten discusión posible y que sólo les lleva a
hacer el ridículo. El dinero que, injustamente les fue
arrebatado a los empleados públicos se le devuelve, con los
pronunciamientos judiciales ya conocidos. Retrasar los
procedimientos son excusas de mal pagador y una argucia de
pícaros cuando se conoce cuál es el final obligado. Buena
iniciativa del PSOE que ha obligado al Gobierno de Vivas a
rectificar de inmediato.
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OPINIÓN / EDITORIAL
