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política - LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 2013


vivas e imbroda. archivo.

relaciones institucionales
 

El Estatuto de Autonomía regulará el funcionamiento de las instituciones

Las enmiendas al proyecto de la nueva Ley de
Administración Local buscan blindar al Gobierno local, que podrá cooperar con Melilla en materias de competencia del Estado
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local continúa se tramitación tras el respaldo recibido en el Congreso de los Diputados y continua su andadura con varias enmiendas que buscarán que tanto Ceuta como Melilla se puedan regular de acuedo con lo previsto en sus Estatutos de Autonomía. Hay que recordar que con esta futura ley que reforma la Administración Local, el Gobierno quiere poner el punto y final con las competencias impropias de los ayuntamientos, al regular por primera vez sus competencias propias.

El Congreso de los Diputados rechazaba el pasado día 17 del presente mes las peticiones de devolución al Gobierno del proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, superando de este modo su primer examen parlamentario y continuando su tramitación en la Comisión correspondiente, que debatirá y votará las enmiendas al articulado.

Esta reforma persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

A este respecto, el diputado del PP por Ceuta, Francisco Márquez de la Rubia, manifestaba que con la intención de diferenciar el peculiar régimen organizativo y de funcionamiento de las instituciones de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con respecto al existente en otros municipios, una de las enmiendas incluídas recoge que “la organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla se regularán con lo establecido en sus Estatutos de Autonomía y por las normas de desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas Asamblea, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen”. Gracias a esta enmienda incluida en el texto, de recibir el apoyo de las Cortes, se conseguirá blinda la capacidad de autogobierno de ambas ciudades autónomas.

Precisamente, Márquez aseguraba que gracias a este nuevo marco legal y al articulado incluído en el mismo, las ciudades de autónomas podrán determinar su propia forma de gestión de los servicios públicos respetando los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria y financiera, así como su plurianualidad, transparencia, responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursos públicos, tal y como queda establecido en la actual ley y en la normativa estatal que les resulte de aplicación.

A este respeccto hay que recordar que el Gobierno trata de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes, con el consiguiente aumento del gasto público municipal en 13.223 millones, según el Instituto de Estudios Fiscales.

El diputado del PP por Ceuta también avanzaba que se quiere introducir otro articulado en el que ambas ciudades autónomas puedan llevar a cabo actuaciones de cooperación en materias que sean competencia del Estado, además también resaltó que la Administración General del Estado y Ceuta y Melilla podrán suscribir convenios de colaboración.

Finalmente, con el objetivo de marcar y aclarar uno de los caracteres básicos de la singular potestad normativa reglamentaria sobre las competencias autonómicas recogidas en el Estatuto, el desarrollo de las competencias de administración, inspección y sanción sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda se podrán llevar a cabo sin que sea necesaria una norma estatal específica. Por último, también se introducen medidas liberalizadoras que favorezcan la actividad económica local. El ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia, salvo en los casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas.
 

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