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El juez juzgado, y el aguacil alguacilado, decía Quevedo y
así han debido interpretar los miembros del Consejo de
Administración de Radiotelevisión Ceuta, con Yolanda Bel a
la cabeza y Aróstegui como fiel escudero, la Sentencia firme
del Juzgado de lo Social por la que les instaban a abonar
6,5 de las 12 pagas a los trabajadores de la televisión
pública. Un pronunciamiento que nunca gustó a quienes
jugaron de farol de no recurrir ninguna Sentencia de esta
índole.
En este caso, no les gustó y tiraron por el camino de la
interpretación, genuina conducta plagada de prepotencia y
optaron por ningunear al juez. Quienes dicen ser muy
respetuosos con la Justicia, ahora no sólo no la acatan sino
que tampoco la cumplen. Son tan osados que llegan a tensar
la cuerda y actúan, a sabiendas, haciendo lo que les place y
eso es presunta prevaricación. Y por tanto, puede ser una
conducta constitutiva de delito. Las bravatas de miembros
del Gobierno y de Aróstegui, en el colmo de la incoherencia
y de la propia confrontación con sus compañeros de sindicato
como Emilio Postigo, representa el colmo del despropósito y
la perversión en la defensa de los trabajadores. Todo un
secretario general de CC.OO en un Consejo de Administración
defendiendo la postura del Gobierno y en contra de los
trabajadores es lo más escandaloso que podría darse y, mucho
más, en una rueda de prensa desacreditar al colectivo
laboral con sus apreciaciones personales cargadas de
“buenísmo” como un profeta del engaño.
Que Yolanda Bel esté preocupada por esta “patata caliente”
es comprensible como presidenta del Consejo de
Administración y miembro del Gobierno pero que haga cruzada
con ella en contra de los trabajadores el secretario general
de CC.OO es antinatura y le define por sí solo.
Se ha desacreditado a los trabajadores como si fueran unos
aprovechados acusándoles de querer cobrar lo que no les
corresponde y no se ha tenido la gallardía de asumir una
Sentencia firme, como tantas otras que son desfavorables a
los trabajadores y puede resultarles a éstos muy injustas.
En este caso, el Gobierno ha juzgado al juez, lo ha
“interpretado” y, finalmente, ha dictado la “Sentencia” que
a ellos (a los políticos) les ha parecido.
Desconozco si el juez lee o no los periódicos o si sabrá el
revuelo que se está organizando en este caso, pero alguien
habría de poner en su conocimiento cómo se prodigan algunos
con su Sentencia, qué comportamiento adoptan y el nulo
respeto que le demuestran. En vez de pedirse
responsabilidades políticas (nunca se hace en este
Gobierno), lo que toca es echar balones fuera, no reconocer
los errores, culpar –no de la muerte de Manolete a nadie,
como dicen algunos-, sino al propio juez de que no ha sabido
aplicar con acierto su criterio y al que se le ha tratado,
prácticamente, como al pito del sereno. Los políticos del
Gobierno, acostumbrados a ningunear a todos, han tomado al
juez por uno más de esta ralea de “despreciables” y le han
enmendado la plana sin inmutarse y sin miedo a las
consecuencias que pudieran derivarse.
Esta conducta define muy claramente, cuál es el talante de
este Gobierno: reírse de todo y de todos (incluido el juez).
Mientras que se lo permitan, acabaremos pensando como
Quevedo: El juez juzgado y el alguacil alguacilado. Para eso
están Yolanda Bel y Juan Luis Aróstegui al unísono.
Compartiendo decisiones y presunta prevaricación.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
