Hoy más que nunca hemos de estar con las víctimas del
terrorismo tras la sentencia dictada por el TEDH de
Estrasburgo del que hace parte un español avalado por el
entonces Gobierno Socialista, un español que como mínimo
debió abstenerse y como más, emitir un voto particular a la
decisión adoptada. Hoy al igual que a las víctimas del
terrorismo, nos desgarra el alma la impotencia y el dolor
que nos deja a todos los demócratas una resolución
irrecurrible como también lo fue, aquélla miserable y
cobarde decisión del “tiro en la nuca” contra nuestros más
insignes compatriotas.-
Nuestras lágrimas entonces unidas a las suyas al perder un
ser querido, un pariente, un amigo, un ser humano conocido
sólo por referencias o a causa de tan trágicos sucesos, se
nos suma hoy una resolución incomprensible nada más y nada
menos que de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos
lamentablemente erigido en el gran valedor de los derechos
humanos de execrables terroristas obviando el cúmulo de
asesinatos en su haber y para quienes ningún valor han
tenido los derechos humanos de sus víctimas.
Permítanme decir, que, víctimas son todos aquéllos que han
sufrido en carne propia el dolor del terrorismo y sus
familias más directas; víctimas somos todos los demócratas
que condenamos el terrorismo, los que lo hemos vivido y
sufrido en esta España nuestra, y víctima también lo es el
estado de derecho al que se ha pretendido desestabilizar a
través de la extorsión y el asesinato.
El Gobierno del Partido Popular ha utilizado todos los
recursos que tenía a su disposición para que la “Doctrina
Parot” avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional se mantuviese como resarcimiento moral a las
víctimas y como el más eficaz instrumento en la lucha contra
el terrorismo y contra los crímenes más abyectos.
España forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos
y ha sido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional,
quienes han establecido que las sentencias del Tribunal
Europeo son de obligado cumplimiento para todos los poderes
del Estado; por tanto, la sentencia del TEDH ha de ser
cumplida y ejecutada por los Tribunales de Justicia en
España; en este caso, por la Audiencia Nacional con total
independencia.
Si las decisiones de la justicia conllevaran eventuales
excarcelaciones, el Gobierno va a seguir actuando en el
marco del Estado de Derecho. Por tanto, el Gobierno velará
por el cumplimiento de la ley; y en el caso que nos ocupa,
significa velar porque no se produzca ni enaltecimiento del
terrorismo ni humillación de las víctimas.
La lucha contra el terrorismo va a continuar con absoluta
firmeza. Con las modificaciones legales que ya se han
introducido y las que ahora se están tramitando, no volverá
a ocurrir en España que un asesino tenga un reproche de un
año por cada uno de los muertos; por tanto, esta sentencia
del TEDH no cambia la política penitenciaria del Gobierno,
ni altera el firme compromiso del Ejecutivo de trabajar
incansablemente hasta conseguir la total derrota de la banda
terrorista hasta conseguir la total entrega de las armas, el
cumplimiento íntegro de las penas y en su día tras la
reforma del C.P. la prisión permanente revisable para el
caso de total arrepentimiento y no sin antes pedirle perdón
a sus víctimas; es la única respuesta del estado de derecho.
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