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Desde Comisiones Obreras entienden que la llamada
“Reforma Gallardón” en la Justicia no va a servir nada más
que para encarecerla y, al parecer, privatizarla en el mayor
número de áreas y contenidos que pueda ser posible,
advirtiendo que acarrerá una pérdida importante de puestos
de trabajo dentro de esta administración
La central sindical de Comisiones Obreras no tiene ninguna
duda de cuál es el verdadero objetivo de la reforma de la
Justicia, que no es otro que encarecerla y privatizarla en
el mayor número de áreas y contenidos que se pueda.
A juicio del sindicato, la centralización de su estructura,
con la disminución de partidos y órganos judiciales y,
finalmente, la reducción y disminución de plantilla más
amplia que se pueda alcanzar.
Desde CCOO dicen que no son catastrofistas ni exagerados con
la situación y entienden que esta reforma, se enmarca
claramente en el objetivo político e ideológico de este y
otros gobiernos del estado, que no es otro que reducir y/o
privatizar la estructura del servicio público en todos los
ámbitos territoriales y sectores, política avalada e
impulsada por la Comunidad Europea y otros organismos
internacionales. Su objetivo es bien claro y sencillo:
aprovechamos la crisis económica (que ellos mismos han
creado) y, con la excusa del déficit y el control del gasto,
reducimos el sector público: “solo vamos a gastar en lo
estrictamente básico y necesario” y de paso abrimos camino a
la privatización plena o a la gestión privada de servicios,
que tanto les interesa como objetivo político y de modelo
económico.
Hasta aquí la teoría economista que aplican. Pero, respecto
de lo que más nos preocupa, sobre la reforma Gallardón,
¿cuál es el alcance y la consecuencia para la ciudadanía?,
¿qué intereses oculta Gallardón?, ¿cuál es la repercusión
que tendrá en las plantillas actuales?, se preguntan desde
el sindicato.
Para ello, CCOO va a elaborar un estudio más concreto y
pormenorizado de cómo prevemos que puede afectar a la
plantilla actual las diversas reformas Gallardón, cuyo
resultado, sin ningún género de dudas, va a suponer una
modificación a la baja de las plantillas actuales.
Ante este negro futuro laboral que nos quieren imponer los
diversos gobiernos, unos elaborando las normas y otros
consintiendo y no oponiéndose a las mismas, debemos de
plantarnos y rechazarlas, en clave de mantenimiento del
servicio público a la ciudadanía y, por ello, en la defensa
de todos nuestros puestos de trabajo, que van ligados a un
necesario servicio público, descentralizado, gratuito y de
calidad.
En el sector de Justicia no podemos “dormirnos en los
laureles”, ni “escondernos” en una actitud pasiva alegando:
“no creo que se atrevan a tanto”; “¡bah! son borradores, ya
veremos si salen”. NO Y NO. Podemos y debemos empezar a
organizarnos y seguirnos oponiéndonos a las reformas que van
en contra de estos principios básicos que defendemos. No
olvidemos que el gobierno actual y otros ya están aplicando
graves recortes en otros sectores como educación, sanidad,
dependencia, Ayuntamientos, empresas públicas.
Justicia
En Justicia ha llegado el momento de una movilización más
contundente contra el brutal recorte de derechos, los que ya
padecemos como: pérdidas salariales (-20% acumulado,
congelación 2014, etc.) y eliminación de derechos laborales
históricos: permisos; y los que nos quieren aplicar, esta
vez directamente al empleo y al mantenimiento de los puestos
de trabajo que existen en la actualidad.
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comisiones obreras
