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El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio
Carracao, presentó ayer las diez conclusiones que ha sacado
el partido socialista tras la comisión de investigación que
se ha venido desarrollando por el ‘Caso Urbaser’. Durante su
comparecencia Carracao manifestó que “el contrato de Urbaser
ha sido polémico desde sus orígenes y por lo tanto la
renovación se ha hecho de forma viciada”. A este respecto, a
la vista de las numerosas interrogantes que aun quedan por
esclarecerse, desde el PSOE de Ceuta se considera que debe
seguir abierta la comisión de investigación con una nueva
ronda de preguntas.
El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio
Carracao, convocó ayer a los medios de comunicación para
presentar formalmente las conclusiones del trabajo
desarrollado en la Comisión de Investigación del llamado
‘caso Urbaser’. Carracao destacó que hasta el viernes pasado
el partido socialista no recibió la última respuesta por
escrito a todas y cada una de las interrogantes planteadas a
los distintos participantes de la comisión.
El líder socialista, antes de dar a conocer las conclusiones
obtenidas, resaltaba a los medios que el PSOE de Ceuta,
desde que tuvo conocimiento del denominado Caso Urbaser, “ha
actuado con un elevado nivel de responsabilidad, cumpliendo
el mandato que tiene de los ceutíes, como fiscalizador de la
acción de gobierno del Partido Popular”.
Como consecuencia, desde el inicio del caso, el PSOE ha
requerido al Ejecutivo toda la información, solicitó una
Junta de Portavoces, denunció públicamente los hechos, e
incluso trasladó el asunto a Fiscalía. Así mismo, Carracao
recordó que desde su partido se promovió que se constituyera
una Comisión de Investigación, para intentar “esclarecer los
hechos, salvaguardar los intereses de los ceutíes, buscar
responsabilidades y preservar el dinero público”.
“A lo largo de las deliberaciones, la actuación del PSOE de
Ceuta, ha sido de total imparcialidad y respeto a las normas
que se consensuaron para el funcionamiento de la misma, como
por ejemplo, la confidencialidad de los detalles de las
deliberaciones”, manifestaba el lider socialista.
Con el fin de llegar en la medida de lo posible al fondo del
asunto, el PSOE presentó un total de 187 preguntas a 25
personas, dichas preguntas se dirigieron tanto a
funcionarios como a responsables políticos.
Durante su intervención cuestionó las ausencias de los
cargos políticos que ejercieron en periodos anteriores
responsabilidades políticas, a la vez que manifestaba que
“el asunto es de la suficiente importancia como para que
todos los que han sido requeridos hubieran comparecido”.
Carracao presentó un total de diez conclusiones tras haber
estudiado todas y cada una de las declaraciones realizadas
por las 25 personas requeridas por la comisión de
investigación.
El líder socialista aseguraba que la primera de estas
conclusiones es que “el contrato con la empresa Urbaser es
polémico desde sus orígenes y por lo tanto la renovación se
hizo de forma viciada”. Carracao hizo mención a la auditoría
solicitada por el propio Gobierno a la empresa Ernst & Yung
a través de la cual se solicitó un análisis de la idoneidad
técnica y económica de la renovación el cual fue contrario,
así como el pronunciamiento realizado desde el Consejo de
Estado en el que se señalaba “de forma clara que la
modificación del contrato realizada supone casi duplicar la
duración inicial del mismo y que no procedía aprobar su
modificación”.
En este sentido, desde el PSOE se recordaba que esta
modificación, que fue rechazada tanto por la consultoría
como por el Consejo de Estado supuso “ampliar el plazo de
duración del contrato anterior hasta el 1 de septiembre de
2011 y un incremento en el precio de hasta 1.784 millones de
las antiguas pesetas, es decir un 11,7% más de coste”, algo
que según Carracao supone un “alejamiento del interés
general y del deber de velar por la austeridad y el ahorro
con el dinero público”.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el
secretario general del PSOE en Ceuta también quiso destacar
que la auditoría solicitada por el propio Gobierno de la
Ciudad informó que “la mala redación del contrato provocaba
la existencia de dudas y contradiciones en el origen del
mismo”, considerándose desde el PSOE que “ha quedado
contrastado el hecho de que se han producido los descuadres
con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”.
A este respecto, Carracao aseguró que sólo a raiz de la
polémica desatada por el informe realizado por el técnico de
gestión contable, otros técnicos y ante las cuestiones
planteadas desde el PSOE han manifestado que se trataba de
“un coste excesifo el contemplado en el contrato del 15%
para el ejercicio del año 2001”, también se ha reconocido en
un informe jurídico de 27 de junio del presente año que
existió “un incumplimiento de la empresa Urbaser por la
falta de renovación de la maquinaria” así como que “las
certificaciones se abonaban según lo previsto en el artículo
124 del pliego de condiciones, aplicando el precio unitario
al servicio contratado sin que por parte del contratista se
haya procedido a la sustitución de la maquinaria a medida
que su amortización se completaba, existiendo un
incumplimiento de Urbaser”.
Por este motivo, el secretario general del PSOE en Ceuta
afirmó con rotundidad que “no ha habido voluntad de
esclarecimiento por parte del Gobierno de la Ciudad y la
actitud ha sido siempre la de no reconocimiento hasta el
último momento”, destacando que hasta que no apareció el
primer informe del técnico de gestión contable, “el Gobierno
no llevó a cabo actuaciones ni dudó, sobre el componente del
precio unitario en concepto de amortizaciones, o adecuación
de los pagos y las certificaciones”.
Para el líder socialista, el Gobierno ha contribuído a una
“ceremonia de la confusión”, y aseguraba que existen
numerosas solicitudes de informes, que han dado commo
consecuencia “una notoria contradicción entre todos ellos”,
ya que tal y como manifestó Carracao ante los medios, un
primer informe consideraba la existencia de una
“amortización acelerada”, el segundo que “no se ha producido
una sobreamortización” y el tercer informe realizado que “no
ha funcionado el mecanismo corrector de la sobreamortización”,
aunque si han coincidido en reconocer que “si se ha
producido un pago excesivo en favor de Urbaser”. De ahí que
Carracao considere que “el Gobierno se ha querido agarrar a
las cuestiones técnicas como salvavida para intentar eludir
su responsabilidad”.
Finalmente, el secretario general del PSOE aseguraba que “ha
quedado demostrada la existencia de responsabilidades
políticas”, de ahí que manifestara que desde el PSOE se
exija al Ejecutivo que se implanten procedimientos
administrativos internos nuevos para evitar que esto vuelva
a suceder. Igualmente, resaltaba que “una vez más la última
palabra sobre este caso la tendrá la justicia, ya que el
Gobierno del PP se escuda en las divergencias de carácter
técnico, para eludir su responsabilidad política”, sin
embargo Carracao recordó al Gobierno que “son los
responsables de la renovación del contrato y su control
durante años y o no han sabido o no han querido controlar
eficientemente el mismo y en ambos casos deben asumir
responsabilidades de forma clara ante los ciudadanos”.
Por último, y a la vista de las numerosas interrogantes que
para el PSOE todavía “quedan en el aire sin esclarecerse”,
desde el partido socialista se considera que “debe seguir
abierta la comisión de investigación con una nueva ronda de
preguntas”.
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Vivas no considera necesario mantener abierta la comisión de
investigación
Por su parte, el presidente de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, ante la
petición del PSOE de que se mantenga abierta la comisión de
investigación para poder realizar una segunda ronda de
preguntas ante las cuestiones que quedan todavía por
esclarecerse, manifestaba que “el PSOE lo que pretende es
que esto se prolongue en el tiempo y problablemente la
intención es que esto debería estar abierto de manera
permanente”. Ante esta cuestión Vivas volvió a resaltar que
“el asunto está absolutamente claro”, y consideraba que “la
comisión de investigación no era necesaria porque me parece
que todo está en los papeles”, asegurando que las
conclusiones se pueden sacar “exclusivamente” analizando el
contenido del expediente, el cual calificó de “prolijo,
complejo, difícil, dentro de la fase de liquidación de un
contrato de muchísima envergadura”. Así pues, Vivas
manifestó que “en los papeles está absolutamente acreditado
que la Ciudad no ha pagado nada por encima del precio del
contrato; en la cuestión relativa a la sobreamortización se
suscita una vez que el contrato entra en fase de liquidación
y por la via administrativa ordinaria”. A este respecto, el
presidente del Ejecutivo local consideró que “en cualquier
caso se trata de una decisión política desde el punto de
vista técnico en donde el margen de discrecionalidad
política es ninguno, porque se trata de valorar si se ha
producido esa sobreamortización y en segundo si además de
haberse producido la sobreamortización ha habido un
enriquecimiento injusto por parte de la empresa
contratista”. Finalmente, Vivas manifestó que en cuanto
surgió la polémica, la Administración actuó recabando todos
los procedimientos técnicos necesarios.
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Conclusiones
1ª. El contrato con la empresa
Urbaser es un contrato polémico desde sus orígenes y por lo
tanto la renovación se hace de forma viciada como se
desprende de la información disponible y las distintas
manifestaciones realizadas en el seno de la Comisión.
2ª. Existió una modificación del contrato que supuso un
alejamiento del interés general y del deber de velar por la
austeridad y el ahorro con el dinero público. Esta
modificación como ha quedado contratado con las
intervenciones de los técnicos en la comisión de
investigación, supuso ampliar el plazo de duración del
contrato anterior hasta el 1 de septiembre de 2011 y un
incremento en el precio hasta 1.784 millones de las antiguas
pesetas, es decir un 11,7 % más de coste.
3ª. Se presenta el hecho reconocido por parte de la propia
auditoría de la ciudad, que la mala redacción del contrato
provoca la existencia, “cuanto menos de dudas y
contradicciones en el origen del contrato que llevan a
afirmar, que las especificaciones del contrato originan la
diferencia entre lo que sería amortizar anualmente un 10 %
del precio de adquisición de la maquinaria y las cantidades
efectivamente abonadas, efectivamente imputadas en las
certificaciones”.
4ª. La cuarta conclusión es que los reparos y observaciones
al contrato y a la forma de la relación contractual con
Urbaser solo aparecen a raíz de la polémica desatada por el
técnico de gestión contable con su informe en el que pone
sobre aviso de la existencia de perjuicios económicos para
las arcas municipales.
5ª. Ninguna de esta circunstancias ahora reconocidas, fueron
atendidas o solventadas por parte del Gobierno del Partido
Popular en nuestra ciudad, que no hubo voluntad de
esclarecimiento y que la actitud ha sido siempre la de no
reconocimiento hasta el último momento.
6ª. El gobierno ha generado y contribuido a una ceremonia de
la confusión, como base para su estrategia de disculpa ante
los hechos demostrados de los descuadres y de que no hubo
control sobre el contrato y sus consecuencias económicas
para la ciudad.
7ª. Se desprende que no se controló el contrato ni el
cumplimiento del pliego de condiciones y resulta grave que
ni siquiera se controlara el número y calidad de vehículos.
El gobierno a través de Servicios Tributarios tenía la
información de los vehículos que se importaban en Ceuta.
8ª. Queda demostrado que el pliego de condiciones originó
grandes posibilidades de dudas a favor de Urbaser.
9ª. Queda demostrado que no se realizó ninguna actuación
aclaratoria sobre precio relacionado con el concepto de
amortización a lo largo de la vida del contrato.
10ª. Queda demostrada la existencia de responsabilidades
políticas que van desde la renovación del contrato, su
desarrollo y la finalización del mismo. No se implantan
procedimientos administrativos internos nuevos para evitar
que esto vuelva a suceder.
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caso urbaser
