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La polémica surgida a consecuencia
de las denuncias que, con demasiada frecuencia, vienen
sufriendo los hosteleros propietarios de terrazas, es un
asunto que no parece centrarse en ámbitos medioambientales
simplemente, sino que obedece a otras cuestiones que
despiertan el recelo y la sensación persecutoria en los
empresarios por una ordenanza que ya dijeron en su día, que
les provocaba cierta indefensión además de considerarla
excesivamente rigurosa y una regulación meticulosa. Ahora,
cuando se suceden las denuncias, los afectados han puesto el
grito en el cielo y se reunirán en la Cámara de Comercio
para afrontar la defensa de sus intereses. El colectivo, de
150 ven en peligro sus negocio en el caso de que se vean
obligados a recurrir a informes medioambientales que les
cuestan entre 2.000 y 2.500 euros, mientras se tramitan sus
licencias de apertura, trámite que la propia Ciudad Autónoma
se comprometió a expedirlo en el mínimo tiempo posible.
En opinión de los empresarios, las posibles denuncias por
ruidos, no están justificadas y, en el caso, que la
Administración local no resuelva la situación temen peligrar
sus negocios. Además, las medidas restrictivas conllevarían
despidos, algo que en los tiempos de crisis que sufrimos, no
parece la mejor fórmula para reactivar la economía local sin
recurrir al entendimiento. Por ello, la última oleada de
denuncias, no se ve lógica ni justificada en palabras de los
empresarios.
Si queremos una ciudad turística en la que se aprovechan los
muchos días de sol y buena temperatura que disfrutamos, no
parece la mejor manera de hacerlo comprometiendo la
subsistencia de las terrazas. Se promueven la Feria de Día,
la Ruta de la Tapa y otras fiestas, cuando las terrazas se
ven amenazadas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
