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La investigación que se sigue en
la ciudad hermana de Melilla por la denominada ‘Operación
Ópera’ sobre las adjudicaciones ilegales y arbitrarias de
contratos públicos y contratos menores que pudieran ser
fraudes de ley en materia de contratación pública, no nos
suenan extrañas en Ceuta, porque lo que se investiga allí
(contrataciones públicas mediante fraccionamientos de pago),
es también una práctica habitual en Ceuta y esos contratos
menores en la Consejería de Medio Ambiente melillense, no
son nada novedosos tampoco en Ceuta. Como tampoco lo es que
el Interventor compareciera ante la juez, a pesar de que se
investiguen posibles delitos del año 2009 y el alto
funcionario lleve unos meses en el cargo. Y ya saben:
“Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas
a remojar”.
La imputación del consejero de Hacienda, portavoz del
Gobierno y vicepresidente segundo, así como la de dos
exconsejeros (el de Medio Ambiente y el de Fomento), y otras
seis personas más, supone una vorágine judicial que no ha
digerido el presidente melillense, Juan José Imbroda, que no
ha tenido nada mejor que lanzar un mensaje a la oposición,
por la puesta en libertad de algunos imputados a los que se
les ha retirado el pasaporte y se les obliga a firmar en el
Juzgado cada quince días: “Carroñeros de la oposición”, les
llama. A imagen y manera de Juan Vivas que también lanzó los
suyos el pasado viernes. Demasiadas similitudes y
comportamientos para intentar justificar conductas muy
parecidas. Los denominados “delitos públicos”, cuanto antes
se esclarezcan, mejor. Aquí, en Ceuta, de momento hay por
definir dos: el caso Urbaser y el de Kibesan. Otro tipo de
adjudicaciones, como en Melilla, de conciertos entre cargos
públicos y empresas locales, aquí ni se han investigado.
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OPINIÓN / EDITORIAL
