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El fiscal Superior de la comunidad autónoma de Andalucía,
Ceuta y Melilla, Jesús García Calderón, pidió ayer la
creación de un observatorio sobre la corrupción para
“combatirla con una mayor eficacia”. En su comparecencia en
el Parlamento andaluz, Calderón ha justificado el
observatorio porque la corrupción, sobre la que existe una
preocupación “creciente” en la sociedad, es un fenómeno
“cambiante” que requiere soluciones distintas en cada época.
Este observatorio, similar al que existe sobre la violencia
de género, sería un órgano independiente y podría estar
dentro de la Fiscalía General del Estado o sometido al
control parlamentario, con una dotación presupuestaria
singularizada e integrado por expertos en la lucha contra la
corrupción.
En la Memoria de 2012 existe un capítulo específico sobre la
corrupción, explicó Calderón a los periodistas antes de
comparecer en el Parlamento.
Tras rechazar “enérgicamente” los abucheos en el juzgado a
la juez Alaya, Calderón destacó a la prensa la labor de los
fiscales del caso Mercasevilla, cuya actuación fue
“decisiva” para las sentencias condenatorias en primera y
segunda instancia y que está pendiente del recurso de
casación presentado ante el Tribunal Supremo.
El fiscal también ha propuesto contra la corrupción la
redacción de un nuevo código procesal penal que otorgue la
instrucción al Ministerio Fiscal bajo la supervisión de un
juez de garantías y con unidades adscritas de investigación
criminal bajo su dependencia.
Además, el fiscal insta a que no se produzca, en términos
generales y sin concretar respecto a ninguna causa, la
“prolongación indefinida” de la instrucción de los casos de
corrupción por los efectos negativos que conlleva esa
dilatación temporal.
Para ello ha pedido “tiempos tasados” en la fase de
investigación que puedan ser prorrogados por causas fijadas
previamente, lo que ha vaticinado que será el “futuro” de la
instrucción criminal, así como medidas más efectivas para la
interceptación de comunicaciones y correspondencia con más
garantías.
Calderón también se ha quejado del número de diligencias
incoadas por la Fiscalía, 923.245, una cuarta parta de las
del país, y no ha pedido más medios para reducir esa
cantidad, sino la despenalización de las faltas porque cada
día se celebran en Andalucía, Ceuta y Melilla entre 500 y
600 juicios de faltas, lo que ha calificado como un
“despropósito”.
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