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Dos ciudades autónomas con distinta suerte judicial. En
Melilla donde presumían que las cuentas las llevaban más
claras que en Ceuta, una juez efectuó un registro en la
Consejería de Medio Ambiente y en una empresa pública (Emvismesa)
por presuntos delitos de falsedad documental, exacción
ilegal, prevaricación y tráfico de influencias. Se investiga
el fraude fiscal de un pequeño empresario que hacía facturas
que no pasaban de los 30.000 euros para evitar subastas y
concurso público. Aquí, en Ceuta, los fraccionamientos de
pagos también viene produciéndose pero parece no haber juez
que investigue nada. Y muy al contrario, levanta las iras de
algún político cuando la Asociación Anticorrupción
“Conciencia Libre” lo lleva ante la Fiscalía de Ceuta.
En Melilla, el auto judicial recoge una recopilación de
contratos menores adjudicados a cuatro empresas de allí, por
4,9 millones. Aquí, ni se investigó la “recopilación” de
contratos con Viajes Trujillo como tampoco el
fraccionamiento excesivo con Kibesan donde Yolanda Bel
justificó lo injustificable. Estamos a la espera del
pronunciamiento judicial tras la denuncia presentada por la
Asociación “Conciencia Libre”.
En Melilla, la juez detecta un posible fraude de ley en
materia de contratación pública mediante fraccionamientos de
pago. Aquí, en Ceuta, es una fórmula demasiado habitual y,
encima, hay algún consejera que se siente ofendida en el
caso de que se le indique esta circunstancia.
Parece obvio que la valoración jurídica en una u otra Ciudad
Autónoma es bien distinta: aquí, hasta en el caso Urbaser,
el proceso judicial no ha sido tan escandaloso como en
Melilla. Aquí se actúa como si hubiera patente de corso de
los políticos con una tolerancia inusual –como se ha visto-
en Melilla.
Las corruptelas políticas no se persiguen en todos sitios
igual. Melilla, pese a su vitola de unas cuentas claras y
donde no hubo tanto déficit para atender el pago a
proveedores, ahora surge esta trama de corrupción que ha
soliviantado al propio Juan José Imbroda, molesto con la
dimensión mediática del asunto y la actuación de la juez del
caso.
Las prácticas al margen de la ley pueden darse en todos
sitios, pero son perseguibles en unos con más celo que en
otros. Aquí en Ceuta ha habido “materia” para que la
Justicia actúe: contratos con la Agencia de Viajes Trujillo,
la Manzana del Revellín, el caso Urbaser, el asunto Kibesan,
los fraccionamientos de pagos en compras de la Policía
Local, las reiteradas adjudicaciones que se hacen de
concesiones administrativas a las mismas personas que luego
negocian su venta posterior, identidades y más identidades
siempre coincidentes.
Dice el refranero que “en todo sitios se cueces habas”; lo
que sucede es que en unos sitios, se cuecen más que en otros
y se actúa de distinta manera por parte de los jueces. El
paralelismo entre Melilla y Ceuta es insultantemente
similar. La variante está en el desenlace de los hechos.
Aquí parece que tenemos unas concesiones que no se dan en
otros lugares. Un misterio sin resolver, pese a que los
contratos sin consignación presupuestaria se prodigan y el
favoritismo es público y notorio. En el terreno de las
evidencias, Ceuta gana por goleada a cualquier población
bajo sospecha de corruptela.
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OPINIÓN
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ANALISIS
