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En principio, se trata de un innovador sistema de
organización, previsto desde el año 2003 en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, de todo lo que se refiere a la
infraestructura necesaria para que los jueces y magistrados
puedan realizar su función constitucional, juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, libres de cualquier atadura o
limitación derivadas de los inconvenientes que supone, en el
día a día, la gestión de recursos materiales y personales,
cuya escasez se ha venido pregonando a lo largo de los años
como pretexto para justificar el mal servicio que se ofrece
a los ciudadanos, fundamentalmente por los retrasos y
dilaciones injustificados, que convierten en desengaño
multitud de legítimas y justas reclamaciones y expectativas
de quienes han llegado a considerarnos su última esperanza.
Sin embargo, estimo que en Ceuta llevamos bastante tiempo en
el que no podemos achacar a la falta de medios el fracaso de
determinados servicios y órganos judiciales. Puede que ello
sea una excepción con respecto a otros territorios de
España, pero aquí se puede afirmar que existe una dotación
más que suficiente para prestar un digno servicio a los
ciudadanos, aun cuando todo es mejorable, como por ejemplo
las instalaciones, fundamentalmente las sedes judiciales,
cuyo problema puede estar en vías de solución a medio plazo,
y algunas disfunciones puntuales que debieron y pudieron ser
corregidas con un simple refuerzo en medios personales, y
que deberán hallar solución con el nuevo sistema.
Es decir, en nuestra Ciudad, sin Nueva Oficina Judicial, con
lo que hasta ahora tenemos, no ha existido ni existe la más
mínima justificación para que se hayan mantenido en el
tiempo algunas irregularidades que se han traducido a veces
en un pésimo servicio a los ciudadanos, y que sólo tienen
explicación en la desaplicación y falta de atención de
algunos responsables; muchas veces no por su culpa, sino por
la de un sistema en el que no resulta bien definido algo tan
imprescindible en cualquier organización similar, como una
estructura jerárquica, con jefes de personal de verdad, con
todas sus consecuencias, y que por lo tanto se hagan
responsables del servicio que tienen encomendado.
A ello viene contribuyendo desde hace tiempo una confusión
de principios y conceptos, relacionada con la distribución
de competencias, funciones y responsabilidades de los
distintos operadores que conforman el entramado de la
Administración de Justicia.
Establece el art. 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
lo siguiente: Los Presidentes de las Salas de Justicia y los
jueces tendrán en sus respectivos órganos jurisdiccionales
la dirección e inspección de todos los asuntos, adoptarán,
en su ámbito competencial, las resoluciones que la buena
marcha de la Administración de Justicia aconseje, darán
cuenta a los Presidentes de los respectivos Tribunales y
Audiencias de las anomalías o faltas que observen y
ejercerán las funciones disciplinarias que les reconozcan
las leyes procesales sobre los profesionales que se
relacionen con el tribunal.
Por tanto, los jueces han de desempeñar, mientras esté
vigente el citado precepto, una función inspectora y de
dirección de los asuntos, que los vincula de alguna manera a
la oficina judicial, y que está interconectada con la ya
indicada y trascendental función que les atribuye la
Constitución Española, en cuyo art. 117.3 y 4, se señala que
el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, según las normas de competencia
y procedimiento que las mismas establezcan. Los Juzgados y
Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en
el apartado anterior y las que expresamente les sean
atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
Por ello, es muy conveniente dejar claro que este aspecto de
la función, es decir, el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, que se correspondería con la parte sumergida
de un hipotético y gigantesco iceberg, es de la exclusiva
responsabilidad de los jueces y tribunales, que en España
tienen una ratio por habitante que nos ubica en las últimas
posiciones de los países de nuestro entorno, y que, por
tanto, requiere un enorme esfuerzo de sus responsables para
mantener un nivel técnico y de calidad que puedo refrendar
está entre los primeros de Europa. Por supuesto, con la
inestimable e imprescindible colaboración del Ministerio
Fiscal y de la Abogacía.
A pesar de todo ello, en Ceuta podemos igualmente afirmar
que, sin demasiados ajustes que por supuesto la harían
mejorable, tenemos una planta judicial, es decir, un número
de jueces, suficiente para cumplir con una labor que
requiere mucho esfuerzo, sacrificio, dedicación, estudio y
riesgo en todos los sentidos, y que, en su labor callada y
en soledad como tributo de la independencia, se mantiene
bastante al margen de todo lo que conlleva la Nueva Oficina
Judicial, parte visible del iceberg, y que se viene
desempeñando satisfactoriamente por la mayoría de los
magistrados aquí destinados, que, después de superar
múltiples dificultades, aspiran a sacar el fruto que
justifica toda esta mastodóntica organización, y que no es
otra cosa que una sentencia justa y en su tiempo, ya que, si
no se dicta en un plazo razonable, a lo que todos han de
contribuir, se aleja irremediablemente del ideal de la
Justicia.
Por supuesto, debería procurarse a toda costa que la nueva
estructura organizativa no interfiera para nada en dicha
función. Y son muchas las formas y razones por las que ello
puede suceder.
En primer lugar, es preciso evitar que, al amparo de esta
nueva organización, no sólo se sigan manteniendo, sino que
se fomenten determinados organismos o supuestos servicios
que además de parasitar, con el perjuicio que ello conlleva
para una estructura escasa de medios, succionen dichos
recursos, tanto materiales como personales, en detrimento de
la jurisdicción, convirtiéndose en un fin en sí mismos en
lugar de tratarse de instrumentos que se hallan al servicio
de un fin. Creo que nadie ha de poner en duda que el
desarrollo con normalidad de una jornada en un juzgado de
guardia, o la celebración de un juicio o vista que finalice
correctamente para dictar la resolución que corresponda, han
de tener preferencia sobre cualquier otra actividad
accesoria o auxiliar, por muy importante que sea.
Por eso han de evitarse a toda costa organismos y servicios
artificiales que consumen muchos más recursos de lo que en
realidad aportan como auxilio a la verdadera función
jurisdiccional.
Por otro lado, resulta imprescindible que dichos medios se
distribuyan de una manera razonable para contribuir
eficientemente a tal finalidad, siendo absolutamente
rechazable cualquier tipo de arbitrariedad o irracionalidad
en el reparto que propicie situaciones inaceptables en
algunos negociados en contraste con la ociosidad y holganza
en otros. Por ello, ha de evitarse los obstáculos
burocráticos que entorpezcan una racional y ágil
distribución de efectivos y provoquen las quejas desde los
distintos servicios, que tendrían que estar absolutamente
injustificadas, si partimos de la anterior afirmación, en la
que sigo insistiendo, conforme a la cual, salvo mínimos
retoques, en Ceuta existe una planta de jueces y una
plantilla de funcionarios más que suficientes para cumplir
su cometido, como lo demuestran algunos órganos respecto de
los que sería un éxito que, después de la implantación,
simplemente se mantuvieran rindiendo al mismo nivel que
hasta ahora, y un fracaso absoluto si sufrieran el más leve
empeoramiento. Me refiero a la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de Cádiz en Ceuta, órgano jurisdiccional que
representa la máxima jerarquía del poder judicial en nuestra
Ciudad en ámbitos tan importantes como el Derecho Civil y
Penal, y que no debe sufrir ninguna merma en su operatividad
y eficacia, ampliamente demostradas en sus casi dieciséis
años de existencia, por una mala distribución de efectivos,
en referencia a la denominada “unidad de apoyo directo”, que
debería iniciar su andadura suficientemente dotada, y no a
la espera de que se vayan parcheando deficiencias “a
posteriori”, cuando el daño, que no olvidemos se le puede
infligir directamente al justiciable, ya se haya producido.
Lo mismo puede decirse, por supuesto, del resto de órganos
judiciales de la Ciudad, algunos de los cuales deberían
optimizarse con el cambio, pero nunca empeorar.
Pero el problema que lo expuesto conlleva en relación con el
nuevo sistema, que se muestra como la panacea que va a
terminar con todos los males de la Justicia, es que la clave
no está sólo en modificar el método, dotándonos de una
infraestructura moderna, racionalizada y por tanto más
eficiente, sino la actitud de algunos que ya eran
responsables de las disfunciones, y que van a seguir siendo
los mismos y con similares responsabilidades, aun cuando se
cambie la nomenclatura.
Para ello es preciso no sólo establecer con nitidez cuáles
son los cometidos de cada uno, lo cual se clarificó bastante
con las reformas procesales de 2010, sino señalar y
determinar con claridad las responsabilidades, evitando una
indeseable confusión, muchas veces propiciada por quienes
tienen la mala costumbre de no asumirlas y descargarlas por
sistema en los demás.
El juez de guardia o el magistrado que preside un juicio,
como ocurre en los países de nuestro entorno, sólo han de
preocuparse de su función, es decir, aquél, estudiar
detenidamente los atestados y denuncias, recibir
declaraciones de testigos e imputados, resolver sobre su
situación personal, adoptar medidas restrictivas de derechos
fundamentales, etc., y éste, presidir el juicio, con todo lo
que ello conlleva, resolviendo sobre las proposiciones de
prueba, nulidades, recursos, incidencias, etc., y el
magistrado que resuelve una apelación, ha de tener a su
disposición la causa perfectamente foliada y tramitada, y la
grabación del juicio o vista no sólo visible y audible sino
con las marcas necesarias para que el destinatario, que, no
olvidemos, es un magistrado en el cumplimiento de su
función, que es la razón de la existencia del resto de
organismos estructurales, pierda el menor tiempo posible en
ver y oír lo que necesita para llevar a efecto su cometido.
Sólo un minuto que el juez o magistrado desaprovechen,
desviándose de su trascendental cometido como consecuencia
de un mal funcionamiento de la oficina, es un fiasco de
ésta, sea la antigua o la nueva, da igual, y también será un
fracaso de sus responsables, que habrán de estar, dentro del
horario de trabajo que les corresponda, y desde el primer
instante, con plena dedicación y absolutamente pendientes de
que ello no suceda, sin esperar a que los jueces tengan que
desatender su función para dedicarse a otras que no les
conciernen, como serían la prevención, detección y dación de
cuenta de las deficiencias, ya que en este aspecto, su labor
es simplemente inspectora, tal como puede leerse en el
precepto de ley orgánica antes mencionado y que sólo les
permite, e impone, dar cumplida cuenta al presidente de la
Audiencia Provincial o del Tribunal Superior, sin perjuicio
de que en el día a día, y sobre todo al principio del
cambio, se mantenga un continuo diálogo y colaboración entre
todos para solucionar los problemas que se vayan planteando.
Todos estos razonamientos nos valen tanto para la época
anterior como para la posterior a la implantación de la
nueva oficina judicial, de manera que el cambio de nombres,
con la, a veces, abusiva utilización de siglas malsonantes y
vocablos inapropiados, no nos van a servir de nada si no se
modifica el talante, si no se destinan los recursos a lo
verdaderamente necesario, si no se respeta y se valora desde
dentro la ardua y trascendental función jurisdiccional, y,
en definitiva, si no se trabaja con responsabilidad y
dedicación, allanando el camino para que los juzgadores den
una respuesta pronta, digna, técnica y adecuada a quienes
nos pagan, que no son otros que los ciudadanos que demandan
Justicia.
Lo cierto es que a los jueces se nos ha dado una mínima, por
no decir inexistente en algunos casos, participación en todo
el proceso de cambio de un sistema que, aunque pretende
deslindar perfectamente nuestra función, no cabe duda de que
nos afecta siquiera tangencialmente y siempre podrían haber
servido de referencia las sugerencias y opiniones de quienes
estamos embarcados en el mismo proyecto aun cuando lo sea
desde una óptica diferente.
En ningún caso puedo estar en contra del nuevo sistema, en
tanto en cuanto significa modernización y racionalización de
los medios y estructuras que se hallan al servicio de la
jurisdicción, pero resulta obvio que no va a suponer una
solución si se siguen manteniendo o incluso alimentando los
mismos males endémicos que nos han venido aquejando tanto
tiempo sin remisión, y espero que se aproveche este cambio
para erradicarlos de una vez por todas.
En definitiva, el camino para una mejora de la
Administración de Justicia en Ceuta, con absoluto respeto y
consideración a los secretarios judiciales y funcionarios
que (me consta desde la perspectiva que me dan treinta años
de ejercicio profesional en esta Ciudad) han venido poniendo
todo su esfuerzo y dedicación en las tareas que les
corresponden, y a quienes han dedicado su empeño en el
cambio, está, estaba y deberá estar en el trabajo de todos,
enfocado firmemente al servicio público de la Administración
de Justicia.
*Presidente Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
Cádiz en Ceuta
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OPINIÓN
/ LA NUEVA OFICINA JUDICIAL EN CEUTA
