La denuncia que han hecho pública
los sindicatos policiales Unión Federal de Policía (UFP) y
la Confederación Española de Policía (CEP), sobre lo que
califican “deplorable situación de la frontera del Tarajal”
y la enorme carga de trabajo que desarrollan sus compañeros,
es un toque de atención serio para el resto de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, a quienes se les demanda
que ejerzan sus funciones propias: a la Guardia Civil,
competente en el servicio fiscal, la persecución del
contrabando, el fraude y los ilícitos de carácter fiscal,
mientras que a la Policía Local, la regulación y
ordenamiento del tráfico en la zona, donde confluyen
vehículos y personas, originándose unas aglomeraciones que
hacen intransitable el paso fronterizo.
La Policía Nacional que por ley ha de atender y controlar la
entrada y salida de españoles y extranjeros, se ve obligada,
según la denuncia de la UFP y CEP, a desarrollar funciones
que no le son propias, por dejación de funciones de Guardia
Civil y Policía local. Un hecho que provoca “desgaste físico
y psíquico” según los mencionados sindicatos, así como
lesiones por los forcejeos con los porteadores. Bien es
verdad que las condiciones de la Policía Nacional en la
frontera son duras, como ya expuso el delegado del Gobierno
en su discurso durante la festividad de los Santos Angeles
Custodios, donde también indicó que había trasladado al
Secretario de Estado soluciones para esta situación, que
confiaba se resolvería. Ahora, lo que denuncian públicamente
la UFP y CEP no es ya solo la dureza en las condiciones de
trabajo de los funcionarios policiales, sino la dejación y
falta de implicación de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, lo que ya es grave y a tener muy en cuenta a
tenor de donde procede la queja.
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