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Los enfermos mentales se siguen hacinando en los centros
penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar
enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y
que no está preparado para albergarlos.
De los 15.500 internos andaluces, alrededor de 1.250 presos
padecen enfermedades mentales graves y unos 6.200 trastornos
mentales y de la personalidad. La mayoría de ellos se
encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso
comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente
agrava en prácticamente todos los casos sus patologías. La
prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo
inapropiado para estos enfermos ante la inexistencia de
recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como
sociedad tenemos en esta materia.
La Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la
adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando
su integración en la sociedad. La escasez de recursos no
justifica dejar que los enfermos mentales se pudran en
prisión. Los recursos se distribuyen según las necesidades,
y a los políticos parece importarle muy poco estos enfermos.
La Junta se comprometió a elaborar un estudio y a estudiar
una intervención eficaz y global, no como hasta ahora que se
realiza con unos pocos afortunados y de forma puntual.
La administración penitenciaria, Ministerio del Interior,
por su parte reduce su presupuesto de gastos sanitarios y
medicamentos en prisiones en el 7,83 %.
La media de población reclusa a la que atienden es de 1.500
a 1.800 presos en cada prisión, por lo que resulta obvio que
lo más que llega la asistencia es a la prescripción
farmacológica, que además se ha visto mermada.
La coordinación existente entre ambas administraciones,
servicios médicos de las prisiones y salud mental del
Servicio Andaluz de Salud (aparte de la voluntariedad de
algún profesional) sigue siendo muy escasa, y con los
servicios sociales, nula, por lo que al salir de prisión
quedan abandonados a su suerte. Si no disponen de acogida y
medios estos enfermos pueden encontrarse, literalmente,
tirados en la calle.
Los recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía, como
la rehabilitación para recuperación de habilidades sociales
y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio,
programas residenciales, programas ocupacional-laborales,
programa de ocio tiempo libre, no se dispensan a las
personas enfermas de las prisiones ordinarias (excepto en el
módulo terapéutico de Albolote).
Se incumple así el convenio del año 2.006 que obliga a la
Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos
y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en
día el convenio, tras cinco años, sigue sin aplicarse y los
recursos comunitarios adecuados sin crearse ni reflejarse en
las previsiones presupuestarias. Lo más vergonzoso es que
todas las Administraciones implicadas, y a pesar de estar
obligadas normativamente a asistir a estos enfermos
andaluces, cuando son preguntados en el Parlamento por los
motivos por los que no ejecutan dicho Convenio, manifiestan
sin ningún pudor que los presos andaluces que padecen
enfermedades mentales no son su competencia: es del
Ministerio del Interior. Y para terminar de cerrar este
círculo de evasión de responsabilidades, Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior responde que la
atención especializada y hospitalaria de los internos no es
competencia suya sino de los servicios de salud de cada una
de las Comunidades Autónomas.
A pesar de todo ello, mañana, día Internacional de la Salud
Mental, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, intentará vender la idea de lo mucho que se
desvive por este colectivo y lo prioritario que es para su
administración.
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OPINIÓN
/
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2013
