El sistema educativo local en su conjunto, y el profesorado
en concreto, está siendo víctima de una administración
educativa incompetente y prepotente que ha convertido la
falta de respeto en la pauta habitual de su comportamiento.
Una falta de respeto que afecta de lleno a los trabajadores
de la enseñanza; pero que lo hace de un modo aún más grave
perjudicando los intereses de todos los estudiantes y, en
consecuencia, los intereses generales de la Ciudad. A su
manifiesta incapacidad para, no ya resolver, sino si acaso
para mejorar levemente los graves problemas educativos que
nos acosan, aúnan un insoportable desprecio hacia la
comunidad educativa.
El último episodio vivido en relación con la supresión del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica es un
perfecto compendio del cúmulo de desdichas que concentran.
En primer lugar, resulta inadmisible la publicación de una
norma sin respetar el procedimiento legalmente establecido.
Todas aquellas decisiones administrativas que afectan a las
condiciones de trabajo de los funcionarios deben estar
sometidas previamente a un periodo de información y
negociación con las centrales sindicales. Así queda
establecido en el Estatuto de la Función Pública. En este
caso, la supresión del EOEP, supone la pérdida de destino de
un colectivo de funcionarios de carrera con destino
definitivo (algunos desde hace más de veinte años). Han
recibido esta información mediante la publicación de una
resolución publicada en el BOE. Sin solución de continuidad,
el viernes tenían un destino, y el lunes, lo habían perdido.
Esto sólo cabe calificarlo como un atropello y una absoluta
falta de respeto.
Pero el asunto es aún peor. Una norma no escrita, pero
respetada siempre en todo caso y condición, es que las
decisiones administrativas en materia educativa respeten el
curso escolar para no desestabilizar el proceso enseñanza
aprendizaje de los alumnos. Así sucede incluso con las
jubilaciones (se permite prolongar la carrera profesional a
los jubilados hasta acabar el curso). Todas las decisiones
se adoptan antes del inicio del curso. En este caso no se ha
respetado este razonable y loable principio. Una vez
iniciado el curso, se irrumpe con una resolución que afecta
al funcionamiento de todos los centros de primaria. Cada uno
de ellos tiene asignado un orientador/a que desarrolla la
planificación del curso en su ámbito competencial.
Ahora deberán hacer un “concursillo” que podría suponer un
baile de orientadores en todos los centros alterando por
completo el funcionamiento de éstos. ¿Hay alguna razón que
justifique la publicación de esta norma en octubre en lugar
de haberlo hecho en julio? Absolutamente ninguna. La
resolución desarrolla un decreto del año dos mil diez.
Llevan gobernando dos años. ¿No han tenido tiempo de
aplicarla anteriormente, por ejemplo en el mes de julio?
¿Por qué no la han aplazado para hacerlo el curso próximo de
manera ordenada? No existe explicación salvo una clamorosa
falta de respeto a la labor docente que se desarrolla en los
centros. Funcionan sin orden ni concierto, anteponiendo su
capricho a la enseñanza que reciben los alumnos. No queda
ahí el asunto. En lo que solo se pude considerar una burla,
el Jefe de Inspección se persona en el EOEP, en su calidad
de inspector de referencia, para tomar contacto y trazar las
directrices para el curso., ¿Una burla? ¿Es que la Dirección
Provincial no tenía noticia de nada de lo que estaba
ocurriendo? Si es así, ¿Qué pinta la Dirección Provincial?
¿Acaso existe? Si lo sabían y se lo callaron ¿Se puede
consentir una actitud tan impresentable? No hay ni una sola
respuesta razonable a estas preguntas. La conclusión es que
se están mofando de Ceuta, de sus ciudadanos y de sus
profesores. Consideramos que ha llegado el momento de acabar
con este absoluto caos. No se puede consentir.
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