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La crónica política parece que se escribe con renglones
torcidos. El 16 de noviembre de 2010, la oposición en la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, comparó el cese de
José Antonio Rodríguez, a la sazón Consejero de Gobernación
de Gobierno de Juan Vivas con el caso Gürtel, investigación
iniciada en febrero de 2009 dedicada a una presunta red de
corrupción política vinculada al Partido Popular. La
destitución del consejero de Gobernación se produjo después
de que el Gobierno hubiera afirmado que en su actuación no
hubo delito y sí irregularidades administrativas.
En declaraciones a los periodistas, el líder del principal
partido de la oposición, Mohamed Alí (Unión Demócrata
Ceutí), comparó este caso con la trama Gürtel en lo
referente a la práctica de fraccionamiento de las facturas
al estimar que “es un caso de corrupción que tiene
similitudes con lo ocurrido en Ceuta”. Para el portavoz de
la UDCE las afirmaciones del Gobierno ceutí para explicar la
destitución “han sido una pantomima y una tomadura de pelo,
ya que no aporta nada nuevo porque ya se sabía lo que iban a
decir”. Incluso no descartaba acudir a la justicia, porque
”quedaban datos sin justificar”. Por su parte, el secretario
general del PSOE, José Antonio Carracao, dijo que se trataba
de la auditoría realizada se llevó a cabo por encargo,
cosechada y cocinada a fuego lento, por lo que la intención
del Gobierno no es esclarecer lo ocurrido”.
La portavoz del Ejecutivo ceutí por entonces, Yolanda Bel
precisamente, argumentó que una auditoría había determinado
que sólo hubo una serie de “irregularidades administrativas”
en la tramitación de las facturas correspondientes a las
obras desarrolladas en la Policía Local y en los bomberos. Y
hete aquí que por mor de las circunstancias y las
casualidades de la vida, es ahora Yolanda Bel quien se ve
envuelta en un presunto caso, igualmente de fraccionamiento
de pagos que en su día le costó el puesto a su excompañero.
Idéntica situación y circunstancias que deberían
desencadenar idéntico final, para una fórmula que antaño
fueron “irregularidades administrativas” en la tramitación
de facturas. Ahora, como variante, ha surgido una Asociación
Anticorrupción denominada “Conciencia Libre” que pone el
acento en dos cuestiones que no son baladíes. Presuntos
delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ahí queda
eso.
En verdad que se trata, como diría un castizo, de algo que
no es plato de buen gusto, ya que con independencia de que
se quiera descalificar a quienes registraron dicha
Asociación, hemos de ir al fondo de la cuestión y no
quedarnos en las ramas como si no quisiéramos ver el bosque:
¿Hay o no posible delito? ¿Si ha actuado cumpliendo los
preceptos normativos? ¿Por qué se fracciona el pago: para
eludir controles exigidos por ley? Con estos procedimientos
“a medida”, ¿qué se pretende? ¿Favorecer a alguien? ¿Ocultar
algo? ¿Dónde queda la Ley de Transparencia del Partido
Popular?
Con la dinámica al estilo del “tío Roque” de hacer cada uno
lo que le plazca, llevamos una trayectoria de sobresaltos:
El caso Urbaser judicializado, las dimisiones “por razones
familiares”, los que dejan los puestos de responsabilidad
pero no el escaño, mesas de contratación que no dejan de ser
esperpentos administrativos dignos de los hermanos Alvarez
Quintero. Eso si que son sainetes y más sainetes señor
Carreira.
Lo cierto es que, lo que hace tres años le costó el cese
fulminante a un miembro del Gobierno Vivas, ahora parece que
a otro miembro –un caso similar-, se quiere defender como si
estuviéramos diciendo un disparate. En realidad, Yolanda
Bel, ha “resucitado”, tres años después, otro Gürtel en
Ceuta, a menos que la oposición que acuñó tal calificativo
en 2010, ahora piense lo contrario. Ya es sospechoso que
Mohamed Alí, en esta ocasión no haya dicho ni pío, porque al
menos, José Antonio Carracao, se ha mantenido en su línea de
coherencia, pero el portavoz de Caballas, parece no haber
visto ninguna similitud con ambos casos. O se olvidó de lo
que dijo entonces o se olvida de encontrarle paralelismo a
lo que sucede en estos momentos con lo ocurrido hace tres
años o es cada vez más claro el pacto oculto que Caballas ha
alcanzado con el Partido Popular. Y es que, como diría la
canción, “como hemos cambiado”. La permisividad de la
coalición Caballas de Ali y Aróstegui con el Gobierno de
Vivas está llegando a cotas impensables, que con toda
seguridad le pasará factura en las próximas elecciones.
Los fraccionamientos de pagos son un procedimiento similar
antes y ahora, ya que en ambos casos se trata de Consejeros,
aunque las consecuencias –por el momento-, son distintas.
¿Dónde está la diferencia?
En 2010 intervinieron los sindicatos de la Policía local y
ahora, no. En la actualidad, ha sido una Asociación
Anticorrupción quien ha puesto el foco sobre una conducta
atípica.
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OPINIÓN
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ANALISIS
