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La Asociación “Conciencia Libre”
ha llevado a la consejera de Presidencia, Gobernación y
Empleo a la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito
de prevaricación y tráfico de influencias. Un nuevo episodio
judicial que se suma al que ya está siendo investigado por
el Juzgado nº 5 a instancias del PSOE sobre el caso Urbaser
y los pagos indebidos. Dos asuntos económicos que están
marcando la impronta de un Gobierno que parece desgastarse
con el paso de los años y las legislaturas, dejando aflorar
presuntos excesos que, en el primer caso aún está por
calificar por el Ministerio Público y que, en cuanto a la
que fuera empresa adjudicataria de la limpieza viaria de
Ceuta, ya apreció la propia Fiscalía presunto delito y dió
traslado al Juzgado para instruir diligencias.
La entrada de la Policía en el edificio del Ceuta Center,
donde se ubican los Servicios Tributarios e Intervención,
marcó un punto de inflexión en la vida política local, ya
que nunca antes, agentes judiciales habían accedido para
recoger información documental y tomar declaración a los
funcionarios. Ahora, una Asociación de nuevo cuño,
“Conciencia Libre” irrumpe con fines de defender los
legítimos intereses generales dentro del sector público, e
incluye en su primera denuncia oficial a la titular de
Presidencia y secretaria general del Partido Popular, por
los pagos fraccionados de una empresa, Kibesan, sobre la que
el PSOE aportó una serie de sospechosos procedimientos que
no han sido aún esclarecidos de manera convincente.
Cuando comienzan a caer denuncias por presuntas corruptelas,
quiere decirse que algo falla o las conductas se han
relajado más de la cuenta en la gestión de lo público. No es
plato de buen gusto y, menos, insultar la inteligencia del
ciudadano.
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OPINIÓN / EDITORIAL
