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Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio”, como en la
popular canción española. Así, sacado del baúl de la Piquer
parece el polémico asunto de la Ordenanza sobre las Cédulas
de Habitabilidad votadas por la Asamblea para dotar de luz y
agua por solidaridad a viviendas ilegales que, según la
abogacía del Estado, en versión delegado del Gobierno, no
admiten tales servicios por no ser conformes a la ley.
A todo esto, Caballas, acusa el golpe de González Pérez,
cuando éste les atribuye razones electoralistas por tener
“su nicho de votantes” en las viviendas ilegales y, además,
les recuerda que la exaltación de algunos comportamientos,
en un futuro, habrían de tener exigencia de responsabilidad.
Y lo hace por alusiones –como él dice-, alusivas a
“formaciones políticas y votantes” (recuérdese a Aróstegui
en el último Pleno cuando dijo que los fachas votan al PP y
que ésta es una ciudad de fachas); también aludió González
Pérez al uso que hace Caballas de la religión, mezclándola
en cuestiones políticas.
Y en esto estamos, cuando desde Caballas se imputa a
Francisco Antonio González Pérez, un supuesto enfrentamiento
con Juan Vivas. “No sé si González Pérez quiere acusar
también a su formación de actuar por electoralismo o
simplemente se siente parte de otro partido distinto”dice
Alí. Situación que aquél, clarificó ayer cuando afirmó que
“no se trata de un problema político sino técnico-jurídico”
y dejó entrever que habría recurso contra el acuerdo
asambleario.
Duro rifi-rafe entre Delegación del Gobierno y Coalición
Caballas mientras el verdadero culpable de ésta situación,
el Gobierno de Vivas, mira para otro lado de forma
bochornosa, en una cuestión que quiere soslayar un principio
básico de legalidad para acceder a servicios básicos.
Caballas se olvida que Delegación del Gobierno tiene
capacidad para ejercer como garante de la ley y aprobar o
desaprobar los acuerdos plenarios. El “todo vale” no es
posible, ni por cuestiones humanitarias ni solidarias, ya
que es tanto como decir que unos ciudadanos cumplamos la ley
y otros no. Los apaños no son de recibo lo diga quien lo
diga y lo vote quien lo vote, aunque sea el mismísimo, Juan
Vivas.
Aquí, la única exaltación que se aprecia es la de la
ilegalidad por la ilegalidad. El convertir a Ceuta en una
república bananera, en el paraíso no fiscal, sino de hacer
cada uno de su capa un sayo y de convertir la normativa
vigente en auténtico papel mojado. Y aunque hay quien dice
que “el papel lo soporta todo”, hay cuestiones que no se
sustentan con la legislación en la mano.
Las votaciones PP-Caballas, con independencia de las buenas
relaciones que pudiera haber (de hecho la intervención de
Aróstegui en el Pleno de la reforma fiscal, parecía el
auténtico consejero de Economía y hacienda por la defensa
que hizo), no nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino
o meternos a la trágala ilegalidades que no hay estómago que
las soporten, salvo que los niveles de tragaderas sean tan
generosos que igual da galgos o podencos. Si el Delegado del
Gobierno quiere, apoyado en la abogacía del Estado, recurrir
una decisión de la Asamblea de la Ciudad ¿qué miedo hay si
todos miran por el bien general? ¿O es que lo que se
pretende, a sabiendas, es bordear la legalidad?
Esta polémica provocada única y exclusivamente por el
Gobierno de Juan Vivas y llevada por intereses partidistas y
electoralistas ha supuesto una confrontación con la postura
del Delegado del Gobierno que está en su perfecto derecho de
aplicar la ley o que un juez determine qué procede en su
caso.
Los desvaríos no demuestran más veracidad o razón.
Simplemente demuetran que alguien empieza a perder los
papeles.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
