El pasado viernes el Consejo de Administración de
Emvicesa, a “instancias de Caballas”, se reunió para
“analizar la liquidación del Plan de Vivienda 2009/2012”. El
partido localista insiste en los “intereses espúreos y la
incompetencia que presiden la política de vivienda del
Gobierno del Partido Popular”.
El pasado viernes se reunió el Consejo de Administración de
Emvicesa, a “instancias de Caballas”, para “analizar la
liquidación del Plan de Vivienda 2009/2012”. De la
información facilitada, se informa en un comunicado del
partido localista, se pone de manifiesto “la escasa atención
que el Gobierno presta a la política de vivienda, la falta
de competencia en el desarrollo de las actuaciones y una
inmoral utilización de los fondos públicos con intereses
meramente electoralistas”.
Las “conclusiones” que extrajo la coalición de la reunión
fueron las siguientes. En primer lugar, de los 8,5 millones
de euros que aporta el Ministerio al Plan de Vivienda, el
Gobierno de la Ciudad “sólo ha justificado 1,8 y 3,2 más
están en ejecución”. Para Caballas, el Ejecutivo local ha
dejado “ocioso prácticamente el 50% de la subvención
recibida, algo insólito en una ciudad con enormes carencias
en materia de vivienda; la incompetencia se explica por sí
sola”.
En segundo término, el partido que coordina Mohamed Alí
habla de la “explicación política ante este evidente
despropósito en lo que el Gobierno llama remanente, y que se
incorporará al próximo Plan de Vivienda”. Pero, según
Caballas, “lo hará en calidad de anticipo -los fondos se han
enviado pero no se han podido justificar-, lo que implica
que ese dinero, efectivamente, se ha perdido”.
En tercer lugar, el partido habla de que “para suavizar el
impacto de tan nefasta gestión, están negociando con el
Ministerio la aceptación de cargar al Plan de Vivienda las
ayudas del Programa de Alojamiento Alternativo por un
importe de 1,3 millones de euros, lo que, además de vulnerar
la norma, supone un recorte de hecho de las políticas
sociales”.
El cuarto punto al que se refiere Caballas es la “aplicación
del criterio de caja única de Emvicesa, que supone un
auténtico caos que impide tener un control adecuado y una
información fiable de los fondos que se manejan; nadie es
capaz de explicar si los fondos enviados por el Ministerio,
con carácter finalista, se han utilizado para el fin
previsto, o se han utilizado para pagar gastos corrientes, y
ahora se procede a su reposición -práctica de dudosa
legalidad-.
Prácticas “dudosas”
En quinto y último lugar, Caballas asegura que la asignación
de los fondos previstos en el Plan de Vivienda “no obedece a
ningún criterio objetivo, sino a los intereses electorales
del PP. Sólo así se explica que las viviendas de Príncipe
Felipe hayan sido excluidas del plan de actuación,
privilegiando a otras zonas de la ciudad en las que el PP
obtiene mejores resultados electorales”. “Abundando en esta
intención, el Gobierno ha decidido asumir íntegramente la
reparación de viviendas partciculares sobre las que no tiene
ninguna responsabilidad; la norma obliga a que en este tipo
de operaciones los particulares abonene el 20%, en este
caso, el Ayuntamiento asumirá también este procentaje en una
actuación insólita, marcada por el interés electroal, y de
muy dudosa legalidad”.
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