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Al pasear por las calles de Ceuta, muy pocas veces
pertrechamos nuestros pasos con una visión crítica. Si lo
hiciésemos no sólo percibiríamos la inigualable ubicación
geográfica de la que gozamos sino que se nos caería el alma
a los pies al comprobar cómo, a poco que salgas de las dos o
tres calles cuidadas hasta el extremo que circundan la Gran
Vía, la ciudad es una amalgama de calles y edificios con muy
poco criterio, sin sentido, sin orden. El nuevo Plan de
Ordenación Urbana va a pretender dar un orden a este caos,
aunque es muy difícil que lo consiga si no se actúa antes
contundentemente contra la gran lacra urbanística de nuestra
ciudad: las construcciones ilegales.
Esta realidad no es nueva para los caballas, el problema es
que no nos resulta anecdótico, extraño o excepcional. Al
contrario, lo afrontamos como lo más normal del mundo para
nosotros, no nos escandaliza ni nos sorprende encontrar cómo
una casa baja se convierte en cuestión de un par de meses en
un edificio de tres alturas, o cómo un bloque relativamente
nuevo de viviendas transforma sus áticos diáfanos en
cerramientos de obra aumentando su habitabilidad, todo ello
con la certeza más que absoluta de que carecen de licencia
para ello, sin el más mínimo miramiento a si ponen o no en
riesgo la estructura del edificio y, evidentemente, sin
pagar los impuestos y tasas correspondientes. Y no hay que
irse a barrios periféricos para ver todo esto, en la misma
Plaza de los Reyes puedes levantar la vista a algunos
edificios y comprobar cómo ejecutan esas obras en los áticos
con total impunidad. Y si lo hacen en pleno centro a la
vista de todos, ¿por qué no lo iban a hacer en otros
lugares?
Partamos de una premisa esencial para intentar explicar el
problema, y que no debería ser explicada por su obviedad.
Las leyes están para cumplirlas. La norma legal no es un
invento que deben cumplir sólo las empresas “legales” a la
hora de edificar. No es aceptable desde ningún punto de
vista que una edificación necesite disponer de planes de
urbanización, estudios de detalle, proyectos de ejecución,
licencias de obra, permisos de inicio de obras, pago de
tasas urbanísticas, pago de impuesto de construcciones,
control técnico de empresas especializadas, seguros de obra,
licencia de primera ocupación, cédulas de habitabilidad,
seguros decenales, etc,… cuando un particular llega y
levanta con tres obreros (algunas veces de Marruecos sin
ningún tipo de papel) unos muros, unas escaleras, enganchan
los suministros que necesitan a la red pública, y como dicen
los catalanes “cap problema”. Hay, pues, ciudadanos que
pagamos nuestros impuestos al comprar una vivienda y que
pagamos el coste de todo el proceso legal, y otros a los que
se les permite no hacerlo.
Pues esto, está pasando hoy, pasa desde hace mucho tiempo, y
desgraciadamente no tiene visos de que se le vaya a dar una
solución inmediata. Al contrario, tiene todas las
perspectivas de agravarse aún más con ordenanzas como las
que está pendiente de aprobación definitiva en la que se
quiere “premiar” a muchas obras ilegales con una cédula de
habitabilidad totalmente legal, argumentando para ello
razones de índole “social”. Hay algo muy evidente, y es que
el problema de las obras ilegales salta a la vista. No se
puede aducir el desconocimiento, porque cualquier ciudadano
lo puede comprobar día a día por las calles si no cierra los
ojos, cuánto más las autoridades competentes. Por tanto, al
margen de las razones, lo que falta es una voluntad política
manifiesta de atajar el problema con contundencia,
expedientando y sancionando efectivamente a los infractores
e incluso llegado el caso derribando la construcción en sí.
Pero eso no se hace, y esa inactividad, esa dejadez y
desidia da alas al que opera ilegalmente. Porque si permiten
hacer eso en un solo caso , ¿qué va a impedir que lo haga
también el vecino?
La siguiente pregunta es inevitable: ¿por qué se permite
esto? Aquí entramos en el terreno de las elucubraciones y
opiniones, pero la primera y más evidente respuesta que
acude a nuestra mente es la explicación política. Cuando un
problema ya no es un problema, sino que se ha convertido en
toda una característica que define a la propia ciudad, ¿cómo
se va a poner el gobierno a molestar a una masa tan
importante de potenciales votantes? Mejor cierran los ojos y
premian la ilegalidad disfrazándola de razones humanitarias
y de justicia social y dándole un soporte legal a través de
una ordenanza. Así todos contentos y en las próximas
elecciones quizás recuerden quién les ha hecho el favor…
menos los que pagamos nuestros impuestos.
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OPINIÓN
/
COLABORACION
