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La Comisión antifraude que analiza
las irregularidades que pudieran cometerse en distintos
sectores, es tan necesaria como de obligado seguimiento para
cualquier tipo de ilegalidad cometida al amparo de la
manipulación fraudulenta vinculada a actividades de todo
tipo. El fraude fiscal, laboral, las residencias ficticias,
los empadronamientos irregulares, la indisciplina
urbanística, así como las prestaciones sociales, laborales,
asistenciales o sanitarias, vinculadas a cualquier clase de
conductas, han de perseguirse por su incidencia negativa en
las arcas públicas y la consiguiente carga económica que
conlleva una atención inmerecida a quienes vulneran la
normativa vigente.
La Comisión antifraude, creada en el mes de julio, parece
que ya comienza a dar resultados en el Registro de
Empadronamiento o en los datos sobre bajas de
Empadronamiento por inclusiones indebidas o esos intentos de
acogerse a las condiciones que han de darse para obtener la
bonificación por residencia en Ceuta, o la simulación de
contratos a extranjeros y la localización de empresas
ficticias. En definitiva, todo un entramado de
irregularidades que obligan a un seguimiento estricto para
que la ley se cumpla.
En una ciudad fronteriza como la nuestra, junto a un país de
renta per cápita muy inferior al nuestro, las posibilidades
de fraude se disparan, ya que las prestaciones sociales de
Ceuta, superan en mucho a las de Marruecos y son frecuentes
los intentos de “colarse” en nuestros sistemas nacionales de
prestaciones buscando sus beneficios. Poner coto a estas
situaciones, evitar soportar un gasto que no corresponde, es
obligación de los poderes públicos para salvaguardar nuestra
normativa y los derechos de los españoles.
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OPINIÓN / EDITORIAL
