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Todos los sindicatos representativos de la Administración de
Justicia han suscrito un documento unitario, en el que han
acordado y exponen con nitidez las reivindicaciones que
exigen al ministro de Justicia para que no sea el
responsable de que exista un conflicto de graves dimensiones
en la Administración de Justicia.
El manifiesto expone que “en los últimos años, con la excusa
de la crisis, el Ministerio de Justicia se ha lanzado a una
loca carrera que sus representantes denominan reformista
pero que encubre un verdadero proceso privatizador de la
Administración de Justicia, en algunos casos presionado por
lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio”.
“Una reforma -prosigue el documento- que no cuenta ni con el
personal funcionario de Justicia, profesionales
especialistas en procedimientos judiciales que es lo que nos
define como Cuerpos de funcionarios en la LOPJ, ni con el
personal laboral, a los que se nos ha marginado de los foros
de discusión de estas medidas que afectan a nuestras
condiciones de trabajo. De todo este proceso será la
ciudadanía y las condiciones de trabajo del personal
funcionario y laboral de la Administración de Justicia los
que verdaderamente sufrirán las consecuencias de la misma”.
“Y si todo esto fuera poco, los sucesivos Gobiernos, tanto
central como autonómicos, han puesto a los empleados
públicos en el punto de mira aplicando los recortes más
salvajes de toda la democracia”, dice el manifiesto.
Según los sindicatos “desde que se anunciaron los recortes,
los sindicatos más representativos en la Administración de
Justicia hemos convocado varias movilizaciones,
concentraciones, dos manifestaciones estatales así como
movilizaciones propias en cada comunidad autónoma, sin que
el Ministerio haya cejado en su empeño de controlar la
Justicia, suprimir derechos del personal funcionario y
laboral y de los ciudadanos en ese proceso que denomina
‘reforma’ de la Justicia”.
Por todo ello, los Sindicatos representativos de la
Administración de Justicia exigen al Ministerio de Justicia
que “garantice el mantenimiento de todos los puestos de
trabajo, que asegure, como mínimo, todas las retribuciones
por cualquier concepto, incluidas las pagas extras, del
personal funcionario y laboral, y la recuperación de las
pérdidas retributivas realizadas desde 2010, así como que se
comprometa a no utilizar, en ningún caso, la movilidad
geográfica forzosa del personal.”|
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manifiesto
