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El pasado lunes entraba en vigor el real Decreto –publicado
en el BOE el pasado 27 de julio- por el que se fijaban las
condiciones para firmar un convenio especial con las
Comunidades Autónomas que permitiese acceder a una
asistencia sanitaria muy limitada a los inmigrantes
irregulares.
Un año después de dejar sin asistencia sanitaria a las
personas sin papeles, el Gobierno les ofrece la posibilidad
de “firmar” un convenio especial para acceder a una
asistencia sanitaria básica: médico de cabecera y
especialistas. Este convenio supone un alto coste económico,
de manera que, el Ejecutivo invita a este colectivo a
comprar una insuficiente y precaria asistencia sanitaria.
A este respecto, UGT considera, a través de un comunicado de
prensa, que se trata de un paso más hacia el
“desmantelamiento de la sanidad pública y que pone en
peligro el derecho constitucional fundamental a la vida, a
la integridad física y psíquica, de, cada vez, sectores más
amplios de la sociedad española”. El sindicato rechaza que
este convenio sea una solución a una exclusión que no deja
de ser un elemento más de la privatización de un derecho
fundamental, y que, en este caso, se dirige a uno de los
colectivos más vulnerables.
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union general de trabajadores
