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La Cumbre Social, que integran centenar y medio de
organizaciones sociales, culturales y profesionales, la
reciente aprobación de la reforma de las administraciones
locales es otra grave agresión a la democracia, al convertir
los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a las
demandas de la ciudadanía, en simples oficinas
administrativas con escasa o nula capacidad para intervenir
en la solución de los asuntos que hasta ahora le eran
propios. A este respecto se ha informado que ha vuelto a
retomar su actividad para preparar la celebración de un
plenario para impulsar el debate y la movilización social.
La Comisión de Coordinación de la Cumbre Social ha decidido,
una vez cumplido el primer año de su constitución a finales
de julio de 2012, retomar la actividad y preparar la
celebración de un plenario de las organizaciones que la
integran para impulsar el debate y la movilización popular.
La situación económica y social, con una insoportable tasa
de paro por mucho que agiten el último dato de paro
registrado, y la brecha abierta entre la ciudadanía y los
poderes públicos siguen golpeando los derechos sociales y
laborales y debilitando la salud de la democracia.
La Cumbre Social expresa su rechazo a la intención del
Gobierno, adelantada por su ministra de Empleo a los agentes
sociales, de recortar el poder adquisitivo de las pensiones
al descartar el IPC como indicador de referencia para su
actualización retributiva, y precipitar la utilización del
llamado factor de sostenibilidad a 2019, obsesionados con
intervenir exclusivamente en la reducción del gasto sin
propiciar iniciativas para reforzar los ingresos del
sistema. A juicio de la Comisión de Coordinación de la
Cumbre Social, el Gobierno parece empeñado en hacer pagar al
sistema público de pensiones el ajuste económico que ha
comprometido ante las instituciones comunitarias y
financieras, algo que no vamos a aceptar.
Para la Cumbre Social, que integran centenar y medio de
organizaciones sociales, culturales y profesionales, la
reciente aprobación de la reforma de las administraciones
locales es otra grave agresión a la democracia, al convertir
los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a las
demandas de la ciudadanía, en simples oficinas
administrativas con escasa o nula capacidad para intervenir
en la solución de los asuntos que hasta ahora le eran
propios. Ello no hace sino deteriorar la ya mermada
confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las
instituciones que representan la soberanía popular y la
política democrática.
La Cumbre vuelve a reiterar su radical oposición a la
privatización y/o recortes de servicios públicos que tanto
la Administración central como distintas Comunidades
Autónomas llevan activando en los últimos meses. La sanidad
y educación públicas son un buen ejemplo de lo que decimos,
pero no debemos olvidar otros servicios y sectores de la
política social de los que progresivamente están
prescindiendo los poderes públicos de la derecha. La Cumbre
Social pide a las fuerzas políticas progresistas que se
comprometan, llegado el momento, a revertir las leyes y
normativas que han posibilitado estos procesos
privatizadores.
Por último, la Cumbre Social insiste en reclamar una
profunda regeneración de la democracia, una ambiciosa Ley de
Transparencia, una nueva Ley Electoral y un compromiso
explícito para aprobar ya medidas precisas y evaluables de
lucha contra la corrupción económica y política a fin de
evitar que los responsables de una y otra actividad puedan
ejercer funciones de representación colectiva u ocupar un
puesto en las instituciones del Estado.
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protesta
