El secretario general del Partido Socialista de Ceuta, José
Antonio Carracao, no dejó pasar ayer la oportunidad para
hablar sobre la decisión del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de anular el decreto por el que
la Federación de Fútbol de Ceuta, con la aprobación de la
Ciudad Autónoma, había modificado los Estatutos de forma que
el presidente de dicha Federación pudiera lucrarse a través
de la misma a consecuencia de actividades relacionadas con
el fútbol.
A pesar de que este cambio de los Estatutos parecía a todas
luces irregular, la Federación tomó la decisión de llevarlo
a cabo con el fin de que su presidente actual, Antonio
García Gaona, pudiese compaginar dicha actividad con la de
ser socio y administrador de Viajes Trujillo. De no ser así,
García Gaona debía abandonar alguno de sus dos cargos, al
ser totalmente incompatibles, por lo que la FFC se acogió al
silencio administrativo de la Ciudad para dar por bueno
dicho cambio en los estatutos.
Después de permanecer durante tres años en absoluto
silencio, y cuando más estaba siendo presionado el
presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, el consejero
de Juventud, Deporte, Turismo y Festejos, Premi Mirchandani,
tuvo que salir al paso para aprobar definitivamente dicho
cambio, después de ampararse en “un error” para justificar
su pasividad ante estas modificaciones.
En ese momento, el presidente de la AD Ceuta decidió dar un
paso al frente y llevar el caso ante el Juzgado que,
finalmente, ha terminado por darle la razón al anular el
martes el decreto firmado el pasado 2 de octubre de 2012 por
la Ciudad y que permitía estos cambios en los Estatutos de
la Federación de Fútbol de Ceuta. El Partido Socialista de
Ceuta, con Carracao al frente, destacó que esta es sólo una
de las muchas “cuestiones por resolver” por el Gobierno de
la Ciudad.
Así, durante su comparecencia de ayer, el líder de los
socialistas afirmó que “hemos conocido que el Juzgado de lo
Contecioso-Administrativo número dos ha dado nulidad al
decreto por el que a través del silencio administrativo se
aprobaba la modificación del reglamento de la Federación de
Fútbol de Ceuta”. De la misma forma, el responsable del
grupo socialista ceutí recordó que esta es una cuestión que
“en su momento denunciamos”, e instó al Ejecutivo local a
que responda ante la misma, puesto que “tiene que ser
aclarada”.
Con este fin, y buscando de una vez por todas que el
Gobierno de la Ciudad ofrezca dicha respuesta, José Antonio
Carracao anunció también que su partido va a “interpelar al
Gobierno sobre este extremo”. Y es que, el secretario
general del PSOE de Ceuta incidió en que “el consejero tiene
que dar respuesta a esta situación”, algo que “ya le
advertimos en su momento en el debate plenario que se
suscitó a pregunta del grupo parlamentario socialista”.
Una vez anulado por el Juez de los
Contencioso-Administrativo el decreto por el cual la Ciudad
permitía y aprobaba el cambio en los Estatutos de la
Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona podría
estar incurriendo en un caso de incompatibilidad, por lo que
estaría obligado a cesar de dicho cargo. Ahora deberá ser el
Gobierno de la Ciudad, el mismo que dio pie a estos hechos,
el que deba responder sobre la situación actual de la FFC.
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“También queremos respuestas sobre la Escuela Hípica”
José Antonio Carracao no sólo se
centró ayer en la necesidad de que la Ciudad Autónoma aclare
los Estatutos de la Federación de Fútbol de Ceuta. El
secretario general del PSOE de Ceuta también denunció el
“silencio” que está manteniendo la Consejería de Juventud,
Deporte, Turismo y Festejos en cuanto a la “creación de una
Comisión Técnica que estudie la mejor forma de explotar la
Escuela Hípica”, ya que, como recordó, el convenio
finalizaba el pasado 30 de agosto, y el consejero “se niega
a dar una respuesta”. Y es que, a pesar de que ya se ha
mantenido una “conversación informal” con Mirchandani,
Carracao lamentó que este “lo que más que ha llegado es a
emplazarme a que en un futuro nos contará lo que está
pensando”. Así, el líder de los socialistas aseguró que
“este no puede ser el comportamiento del Gobierno sobre una
cuestión acordada en Pleno, y que supone a las arcas
públicas un importante desembolso, puesto que la vocación
era aminorar el coste”.
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