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La polémica sigue un año después. El juez anuló, el martes,
el decreto firmado el pasado dos de octubre de 2012 por la
Ciudad y que permitía el cambios en los estatutos de la
Federación de Fútbol de Ceuta y contretamente el artículo
número 9. El magistrado-juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo daba la razón al presidente de la
AD Ceuta el martes, algo que los entendidos en la matería ya
había avisado.
La historia de este polémico asunto comienza el pasado 6 de
septiembre del 2012. José Antonio Muñoz, presidente de la AD
Ceuta, denunció en el transcurso de una rueda de prensa que
el máximo responsable de la FFC, Antonio García Gaona, había
cambiado los estatutos federativos con ‘ánimo de lucro a
través de su empresa”, sin que esta modificación hubiese
sido ratificada por el órgano competente de la Ciudad de
Ceuta, la consejería de Deportes.
El responsable de la AD Ceuta anunciaba que había denunciado
el 26 de julio la aprobación en el 2009 los nuevos estatutos
en la Asamblea de la Federación pero, que tres años más
tarde el citado organismo de la ciudad todavía no lo había
autorizado ni lo había publicado en el BOCCE. “No hay nadie
capaz de firmarlo, pues saben que es una auténtica
ilegalidad, porque se está lucrando con el deporte”, afirmó
Muñoz.
Denunciaba que García Gaona, presidente de la Federación,
era y es socio y administrador de Viajes Trujillo y que la
mencionado empresa había venido prestando servicios propios
de su actividad (agencia de viajes) a la Federación de
Ceuta.
Para el presidente del Ceuta había claramente, según el
artículo 9 federativo cambiado posteriormente, una clara
incompatitibilidad entre su cargo federativo y también en la
empresa Viajes Trujillo, por lo que tenía que cesar
inmediatamente.
Propuesta de la Federación
Tras la denuncia pública del presidente de la AD Ceuta, la
Federación celebraba el día 19 de septiembre la Asamblea
General y solicitaba de forma urgente la aprobación
definitiva de los nuevos estatutos acogiéndose a los
artículos 7 y 9 del Reglamento General de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, aunque de forma
presuntamente irregular. Intentaba la FFC, de este modo,
evitar por todos los medios incurrir en una ilegalidad por
incompatibilidad aferrándose en el ‘silencio administrativo
positivo’.
Días después, el consejero de Deportes y diputado de la
Ciudad, Premi Mirchandani, se escudaba en que “todo ha sido
un error material” para contestar a la interpelación
presentada por el Partido Socialistas por los motivos por
los que la Ciudad no había procedido a la aprobación de las
modificaciones realizadas en los estatutos y reglamento de
la Federación de Fútbol de Ceuta y su posterior publicación
en el BOCCE. También dijo Mirchandani que “he pedido un
informe jurídico a los técnicos de la ciudad y espero
tenerlo pronto y cuando los tenga lo resolveré de forma
inmediata”.
Y pronto resolvió
Si durante tres años no hubo ningún movimiento, en escaso
margen de un mes desde la denuncia del presidente de la AD
Ceuta todo se resolvió con la firma por parte del consejero
Premi Mirchandani y del técnico del ICD, Miguel Ángel Rangel,
de la aprobación de las modificaciones de los estatutos de
la federación y del famoso artículo noveno por “silencio
administrativo positivo”. Con esta aprobación podían ocupar
puestos en la Federación “personas que directamente reciban
beneficios como consecuencias de actividades relacionadas
con el fútbol”; como era el caso del presidente Antonio
García Gaona con su empresa Viajes Trujillo.
El Juez anula el decreto
Pero el Juez-magistrado de lo contencioso administrativo
resolvió el pasado 2 de septiembre del 2013, casi un año más
tarde, la denuncia del presidente de la AD Ceuta y anuló el
decreto en el que permitía el cambio de los estatutos de la
Federación y su polémico artículo 9. Ahora la pelota vuelve
a estar en el tejado de la Ciudad que deberá resolver este
polémico asunto en el que el presidente de la Federación
podría estar incurriendo en un caso de incompatibilidad y
estaría obligado a cesar en su puesto. Una situación
complicada según juristas consultados.
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