CCOO emitió ayer un comunicado de prensa a través del
cual resalta que los datos estadísticos publicados por el
Ministerio de Empleo sobre los procedimientos de ERE y por
los que se ha querido mostrar que las medidas adoptadas por
el Gobierno han sido acertadas sólo muestra que “la reforma
laboral ha supuesto una potenciación de los despidos
individuales y colectivos en detrimento de las medidas de
flexibilidad interna, como suspensiones de contratos y
reducciones de jornadas”.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) publicó
ayer los datos estadísticos provisionales sobre
procedimientos de ERE registrados en los primeros seis meses
de 2013, en los que se trata de presentar una supuesta
reducción de procesos y de personas afectadas y así reflejar
el hipotético final de la destrucción de empleo como
consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno. Sin
embargo, a juicio de CCOO, dicha supuesta reducción genérica
del número de procesos y afectados se vería “totalmente
eclipsada y cuestionada por el imparable aumento de los
despidos colectivos que, comparativamente con el mismo
periodo del año anterior, crecen en un 2,1%, mientras que de
manera inquietante se observa que se registra un cambio de
tendencia en relación con las medidas de flexibilidad
interna, tales como suspensiones de contratos y reducciones
de jornada que disminuyen notablemente un 19,9% y un 14,4%,
respectivamente.
Desde CCOO, a través de un comunicado de prensa se asegura
que se ha alertado reiteradamente de que “la reforma laboral
iba a suponer, como los datos demuestran, una potenciación
de los despidos individuales y colectivos que tienen su
reflejo en grandes procesos de reestructuración que, casi a
diario, están afectando a miles de personas tanto del sector
privado como del sector público, en los que se registran
situaciones de autentico desequilibrio e indefensión,
propiciadas en gran medida, por la desaparición de la
autorización administrativa previa, lo que está suponiendo,
en muchos casos, vaciar de contenido los procesos
negociadores que hasta el cambio normativo se venían
desarrollando en los procedimientos de regulación de empleo.
Ello se ha traducido en un recorte del control social de las
decisiones empresariales, lo que ha generado un aumento de
la conflictividad social y un incremento de las
impugnaciones de los despidos”.
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