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El Fondo de Garantía Salarial, que garantiza a los
trabajadores la percepción de salarios, así como de las
indemnizaciones por despido o extinción de la relación
laboral pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso
de la empresa, acumula más de 162.000 expedientes sin
resolver, como consecuencia de los recortes presupuestarios
y de personal, con el consiguiente perjuicio para las
personas que sufren retrasos intolerables en el
reconocimiento de las prestaciones.
La actual coyuntura española, generada por la crisis
económica y financiera, ha agravado la situación del Fondo
de Garantía Salarial (FOGASA), suponiendo un aumento
importantísimo del volumen de peticiones de prestaciones.
No hay que olvidar que la misión fundamental de este
organismo es el abono, a los trabajadores y trabajadoras por
cuenta ajena, de los créditos salariales e indemnizatorios
pendientes de pago por la declaración de insolvencia o
concurso de las empresas que se los adeuda, situaciones que
han aumentado significativamente durante la crisis,
duplicando en Ceuta la actuación de la unidad
administrativa.
Comisiones Obreras denunciaba ayer a nivel nacional que el
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) está fracasando en el
pago de las prestaciones que debe gestionar, resaltando que
el tiempo de tramitación de los expedientes está superando
los doce meses y que se prevé que a finales de 2013 sea aun
mayor, frente a los dos meses del año 2009.
Ante esta información ofrecida desde el sindicato, EL PUEBLO
ha podido saber que “ciertamente en la ciudad los
expedientes que se tramitan actualmente se han duplicado con
respecto a los dos últimos años pero en ningún momento se
está sobrepasando los tres meses marcados por imperativo
legal”.
Según las fuentes consultadas “la problemática nacional es
diferente a lo que se pueda vivir en Ceuta”, a la vez que
resaltan que las grandes capitales como Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla son las más afectadas, aunque “ciertamente
son cada vez más las solicitudes de prestaciones que llegan
hasta la administración en Ceuta”.
Pese a ello FOGASA en Ceuta mantiene dentro de unos
parámetros asumibles aunque se haya tenido que “duplicar los
esfuerzos” para que los trabajadores no se vean afectados.
La crisis económica ha provocado un importante incremento de
los expedientes resueltos por el Fondo de Garantía Salarial,
de las empresas afectadas y de los trabajadores
beneficiarios del cobro de prestaciones. Esto ha supuesto un
notable aumento de la carga de trabajo para sus empleados,
que lejos de ver ampliado su número, han disminuido al no
cubrirse las vacantes por los ajustes efectuados por el
Gobierno; pese al buen trabajo y esfuerzo que vienen
desempeñando y a que sus condiciones de trabajo se hacen
cada vez más difíciles, se están produciendo retrasos en el
cobro de las prestaciones, que en las unidades provinciales
más importantes supera ya los doce meses, con las graves
consecuencias que ello genera para los trabajadores
afectados.
El Gobierno, en lugar de dar solución a los problemas que
padece el organismo, tomó la sorprendente medida de efectuar
un recorte en los presupuestos del FOGASA para prestaciones
del 33%, situando en 2013 la dotación en 843 millones a
sabiendas de que iba a ser insuficiente; de hecho, con los
últimos datos conocidos del mes de julio, prácticamente se
ha agotado el presupuesto de todo el año, lo que ha obligado
a habilitar una autorización de incremento de gasto
adicional para prestaciones de 530 millones de euros para
poder afrontar las previsiones de gasto para este año que se
sitúan por encima de los 1.400 millones.
A juicio de CCOO, la situación del FOGASA está
repercutiendo, de una parte, sobre las personas que, en la
peor de las situaciones (sin empleo y con salarios
adeudados), sufren retrasos intolerables en el
reconocimiento de las prestaciones y, de otra parte, está
incidiendo de manera muy negativa en los propios ingresos (o
menores gastos) del FOGASA, ahondando así el deterioro de su
situación financiera y patrimonial.
Por ello, CCOO demanda medidas de choque que permitan frenar
el deterioro, que pasan imprescindiblemente por la
contratación de nuevo personal y por adaptar y mejorar las
condiciones de trabajo. Por otro lado, y dado que no son ni
nuevos ni exclusivamente coyunturales los problemas que del
FOGASA, es necesario que se adopten medidas estructurales
para que, superado el colapso actual, el organismo pueda
estar dotado de los medios suficientes para cumplir
adecuadamente con sus funciones, con independencia de que a
largo plazo se evalúe la mejor forma de integración e
interrelación con el conjunto de instituciones que, desde el
ámbito de la Administración, gestiona prestaciones
relacionadas con el empleo y la seguridad social.
CCOO exige, por tanto, que el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social atienda las medidas que los sindicatos
presentaron el pasado mes de mayo, y que pasan por utilizar
los instrumentos que de que dispone la Administración
General del Estado para definir un plan de choque de
aplicación inmediata que responda a la bolsa de expedientes
administrativos pendientes y a la actividad de
representación jurídica que recae actualmente sobre el
Organismo, así como la creacicón de un grupo de medidas que
ataquen los déficit estructurales que es posible detectar en
FOGASA, a desarrollar en un marco temporal amplio, que
permitan consolidar una adecuada gestión del organismo de
cara a futuro y para lo que es imprescindible contar con una
estructura de plantilla adecuada y estable. Para ello desde
CCOO se insta a que se produzca una autorización para la
ejecución de un programa de carácter temporal, con una
duración de 18 meses y con un volumen de 240 efectivos;
ofrecer cobertura de la totalidad de los puestos vacantes de
la RPT (80 puestos) a través de funcionarios interinos; así
como definir un modelo de cargas de trabajo – efectivos
necesario que permita dimensionar adecuadamente la
estructura de plantilla y que guíe las actuaciones que deban
realizarse a futuro.
En este sentido, CCOO reitera que el Fondo de Garantía
Salarial cumple una importante función en tiempos de crisis
económica ya que, aún con limitaciones, garantiza a los
trabajadores la percepción de salarios, así como las
indemnizaciones por despido o extinción de la relación
laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o
concurso de la empresa.
Las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA) en los siete meses transcurrido de 2013 ascienden a
824,487 millones de euros, un 12,58% menos que en el mismo
periodo de 2012. De esta cuantía, 245,954 millones
corresponden al pago de salarios y 578,533 millones al pago
de indemnizaciones.
El total de trabajadores que han percibido prestaciones en
el periodo referido de 2013 han sido 138.978, un 14,56%
menos que en igual periodo de 2012.
Los expedientes resueltos han sido 91.326, lo que supone un
decremento del 12,32% sobre el mismo periodo de 2012.
Los expedientes resueltos por el organismo han afectado a
54.008 empresas, un 8% menos.
Según los sectores de actividad los trabajadores que han
percibido prestaciones pertenecen en su mayoría al sector
servicios, el 58%, a la construcción el 21%, a la industria
el 19%, y al agrario el 1%.
Respecto a las prestaciones abonadas es igualmente en el
sector servicios donde más prestaciones se han pagado, con
un total de 450 millones, al sector industrial 182 millones,
a la construcción 181 millones y al agrario 7 millones.
Las Comunidades Autónomas que han concentrado el mayor pago
efectuado por el FOGASA hasta julio han sido Cataluña 200
millones, Andalucía 100 millones, Comunidad Valenciana 88
millones, Madrid 60 millones y País Vasco 60 millones. Estas
cinco Comunidades consumen el 62% del total abonado.
Las Comunidades Autónomas que siguen a las anteriores en
cuantía de prestaciones y que han pagado más de cuarenta
millones de euros son: Galicia (50 millones), Castilla y
León (49 millones) y Castilla La Mancha (41 millones).
Las comunidades que han pagado más de veinte millones de
euros son, por orden de mayor a menor, Canarias (35) Aragón
(30), y Baleares (22). Más de quince millones han pagado
Extremadura (19), Murcia (19) y Navarra (15). Las
comunidades que han pagado más de diez millones de euros
son, Cantabria (14) ,Asturias (10) y La Rioja (10). Las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han pagado 0,472
millones.
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