Los sindicatos han preferido no pronunciarse con la
rotundidad con la que lo han hecho en otras ocasiones sobre
la decisión de la Ciudad de abonar los 17.000 euros de la
multa impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz a tres
policías locales, destacando que la filosofía de los
sindicatos es apoyar al trabajador aunque reconocen que la
decisión de la Ciudad no es la más correcta.
La decisión del Gobierno de Ceuta de pagar con dinero
público 17.000 euros por la sentencia de la Audiencia
Provincial de Cádiz contra tres agentes de la Policía Local
ha generado cierta “inestabilidad moral” en las centrales
sindicales, las cuales no quieren posicionarse contra los
trabajadores, en este caso los agentes locales condenados,
pero tampoco ven con buenos ojos que la Ciudad tenga que
utilizar dinero público para abonar esta multa, aunque en
este segundo punto prefieren ser cautos y no atacar
frontalmente al Ejecutivo Local.
La Ciudad ha decidido hacer frente a esta multa al tener la
responsabilidad subsidiaria y además al contar con una
declaración jurada de cada uno de los agentes implicados
donde se dice que no pueden hacer frente al pago que se les
exige. A este respecto hay que resaltar que los tres agentes
debían abonar a dos jóvenes 9.000 y 8.000 euros,
respectivamente, como responsables de dos faltas de lesiones
imprudentes tras un altercado en el Poblado ocurrido en 2007
Esta decisión parece que no es compartida por todo el
Ejecutivo ya que desde Hacienda se ha decidido instar instar
a Personal a que deduzca de las nóminas de los condenados
las cantidades a abonar hasta que restablezcan su cuantía a
la Administración.
Por su parte las centrales sindicales se muestran cautas a
la hora de valorar la acción del Gobierno local, el cual
quiere perseguir una línea de ajustes y recortes pero no
duda en abonar una multa de 17.000 euros correspondiente a
tres policías locales que se han declarado insolventes.
Desde UGT hay voces que consideran que esta decisión del
Ejecutivo es una “inmoralidad” aunque Juan Francisco Vega,
del sector de la Policía Local de UGT manifestaba ayer a EL
PUEBLO que pese a no querer entrar a valorar esta situación,
“la Administración sabrá lo que tiene que hacer”, al igual
que indicaba con seguridad que su postura personal es estar
“siempre al lado de mis compañeros”.
Por su parte desde CCOO no quisieron ni siquiera entrar a
valorar la situación, muchos de ellos porque afirmaban estar
de vacaciones y desconocer la situación y otros, después de
explicarle la misma, no quisieron pronunciarse al respecto.
CSI-F siguiendo la línea de UGT, también reconoció que la
labor de un sindicato es apoyar a los trabajadores aunque
reconocía que la decisión de la Administración Local podría
provocar una malversación de fondos públicos, de ahí que el
gabinete jurídico del sindicato esté estudiando esta
posibilidad para de ser así llevar a la Ciudad, por vía
penal a los juzgados.
Del mismo modo consideran que la “excusa” elegida por el
Gobierno de la Ciudad para proceder al pago de los 17.000
euros es “vaga y falsa”, ya que no es “comprensible, que los
agentes de la policía local se declaren insolventes”.
Las centrales sindicales si reconocen que el abono por parte
de la Administración de esta multa podría crear un
precedente peligroso y que en posibles futuras sentencias no
favorables y que la Ciudad tenga la responsabilidad
subsidiaria se vea obligada a abonar las multas que se
produzcan.
Finalmente, las centrales sindicales han reconocido que se
encuentran pendientes de como se van desarrollando los
acontecimientos, ya que desde la misma Ciudad parece que
también existe disparidad de criterios y que los agentes
podrían reintegrar poco a poco la cantidad a la
Administración reteniéndole una cantidad de la nómina.
Además esta situación ha generado también que desde la
Coalición Caballas se haya solicitado al presidente de la
Ciudad una convocatoria extraordinaria de la Junta de
Portavoces al mostrar su preocupación ante la “proliferación
de sentencias y pronunciamientos judiciales desfavorables
que afectan a miembros de la Policía Local por hechos o
actuaciones relacionados con su actividad profesional”.
Este partido de la oposición ha resaltado que todas estas
sentencias desfavorables que se están produciendo están
“dañando muy seriamente la imagen pública del Cuerpo de la
Policía Local”, una situación que para Caballas contribuye a
“devaluar su importantísima función social”.
Finalmente hay que resaltar que Coalición Caballas ha
solicitado que la Junta de Portavoces sea informada de forma
detallada “de todos los casos que estén sometidos a los
tribunales de justicia, el momento procesal de cada uno de
ellos y las consecuencias de todo tipo que de ello se
hubieran derivado”, con el único propósito de “analizar
políticamente esta situación con la finalidad de adoptar las
medidas precisas en orden a restablecer el prestigio de la
Policía Local”.
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