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Mientras la población, después de
varios meses, todavía no se explica cómo la Ciudad ha
despilfarrado millones con el contrato desaparecido de
Urbaser, parece que este se trata de un ejercicio bastante
común en las administraciones, aunque a diferentes escalas.
Y es que USO ha denunciado, un importante despilfarro de
comida en el Hospital Universitario, que al fin de cuenta se
trata de un despilfarro económico provocado por una mala
gestión de un gerente que considera un despilfarro contratar
más personal pero no que semanalmente se le haga llegar una
caja de botellas de agua con cargo al dinero público. Pero
la Ciudad, no ha querido quedarse atrás, y continúa con su
política de ajuste y ha decidido que debe costear los 17.000
euros con los que la Justicia ha condenado a tres policías
locales tras dictaminar que realmente existía el delito por
el que se les juzgaba, ya que estos policías deben ser algo
despilfarradores porque pese a tener una nómina cercana a
los 3.000 euros al parecer se han declarado insolventes. La
Ciudad no ha dudado en presentar este amparo económico a sus
funcionarios del orden público mientras la población se pone
las manos en la cabeza y desde Caballas se pide una mayor
responsabilidad al Ejecutivo y muestra su preocupación ante
la proliferación de sentencias que se están produciendo
contra los agentes locales, lo que para la oposición está
dañando muy seriamente la imagen pública de este cuerpo.
Caballas exige a Vivas la convocatoria de una Junta de
Portavoces extraordinaria, no para evitar otro posible
despilfarro de la Ciudad si se viera obligada a abonar
futuras nuevas sentencias contra los policías locales, sino
para que se analice en profundidad esta alarmante situación
y se adopten medidas precisas que estén enfocadas a
reestablecer el prestigio del Cuerpo de la Policía Local.
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OPINIÓN / EDITORIAL
